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El proyecto del embalse de Río Indio sigue siendo rechazado por las comunidades vecinas donde se pretende llevar a cabo esta obra impulsada por el Canal de Panamá. Más de 500 personas se oponen al proyecto, cuya inversión inicial se estima en $50 millones para los trabajos básicos, y se calcula que el costo total alcanzará los $2,000 millones.

En un reciente encuentro en la comunidad de Tres Hermanas de Capira, las comunidades campesinas dejaron claro su rechazo a la construcción del embalse, reafirmando su derecho al agua y la tierra que han cuidado por generaciones. Para ellos, este proyecto representa un crimen ambiental.

Durante la concentración, Digna Benites, presidenta de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, destacó la lucha histórica del movimiento que, desde 1999, defiende los recursos naturales y la soberanía de las comunidades.

“El agua no nos falta, tenemos nuestro río, nuestra tierra, y nadie nos lo puede quitar”, afirmó Benites. “Nuestra posición es clara y rotunda: no a los embalses”, subrayó con firmeza.

El representante del corregimiento de Río Indio, Lázaro Hernández, consultó a los participantes sobre su postura respecto a la construcción del embalse, y la mayoría alzó la voz en rechazo.

“Este es nuestro censo de carne y hueso”, expresó Benites, subrayando que la resistencia campesina sigue firme en la defensa de su territorio.

El 21 de febrero, la Junta Directiva del Canal aprobó los recursos necesarios para la construcción de un nuevo lago en el tramo medio de la cuenca del río Indio y estableció este proyecto como una prioridad para la seguridad hídrica del país.

Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), este proyecto forma parte de una solución integral al problema del agua en Panamá, buscando garantizar la disponibilidad de agua para más del 50 % de la población del país, las comunidades cercanas y para el funcionamiento del Canal, así como para el desarrollo de otras actividades productivas.

Además, se ha detallado que la construcción del embalse tomará aproximadamente seis años y se llevará a cabo de manera ordenada y justa. Para ello, se ha diseñado un plan de reasentamiento que incluirá la participación activa de las familias del sector. Este plan debe contener información detallada de todas las familias que habitan en el área, por lo que se inició un censo en agosto de 2024, que concluirá el 30 de abril de 2025.