Retendrán casas, carros o salarios a los malapagas

Esto se debe a que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a través de un Juzgado Ejecutor
  • martes 28 de abril de 2015 - 12:00 AM

COBRO

Si pensaba que por dejar de pagar una factura de agua y continuar recibiendo el servicio no tenía consecuencias, se equivocó, pues usted podría quedarse sin casa, carro y hasta dejar de recibir el 15% de su salario hasta que cancele la deuda.

Esto se debe a que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a través de un Juzgado Ejecutor, podrá secuestrar sus bienes, lo que significa que estos salen de la esfera comercial y usted no podrá hacer uso de ellos hasta que cancele la deuda con la entidad.

El director de comercialización del IDAAN, Jesús Arrocha, explicó que la jurisdicción coactiva (secuestro o embargo) se realiza una vez se agote el cobro judicial (facturación) y que conlleva un proceso de hasta tres meses.

Raymundo González, secretario judicial del Juzgado Ejecutor, dijo que una vez el IDAAN descubra a un cliente que cumpla con los requisitos de embargo -morosidad de 90 a 120 días, facturación de $300 en adelante— nombrará a un juez ejecutor para que se encargue del proceso.

Una vez nombrado el departamento de cartera morosa, le envía todo lo relacionado con las cuentas. El juez ejecutor deberá solicitar ante el Registro Público la certificación de la finca que tiene una deuda con el IDAAN. Si está liberado se procede con el embargo.

Si la finca está hipotecada no es embargable, por lo que se verifica que el deudor tenga otro bien, como un carro; de no contar con un vehículo se procede a embargar cuentas de ahorros y hasta el 15% del salario. Este proceso es notificado al cliente para que no lo agarre por sorpresa.

Los más morosos

Arrocha manifestó que el sector residencial adeuda el 91% de la morosidad, lo que representa $80 millones. Seguido se encuentran los comercios e industrias con apenas $9 millones.

Otra deuda que afronta la institución es la del sector público, que asciende a $14 millones, pero que es explicable ya que este sector paga de acuerdo con los presupuestos asignados, explicó Arrocha.

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