El procurador general de la Nación, Luis Gómez, presentó ante el pleno legislativo dos iniciativas orientadas a la aprobación de una Ley General Anticorrupción, mediante reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal.

El jefe del Ministerio Público detalló que ambos proyectos tienen como objetivo combatir la corrupción desde un enfoque integral, con ajustes a aspectos sustantivos y procesales dentro del ordenamiento jurídico.

El funcionario aseguró que se propone un marco jurídico moderno, integral y especializado, con el propósito claro y firme de cerrar toda brecha que, de una u otra forma, permite que la corrupción evolucione y actúe con mayor rapidez.

Destacó que las iniciativas integran nuevas técnicas especiales de investigación, métodos cuya eficacia ha sido demostrada en el combate contra el crimen organizado.

Los proyectos de ley, manifestó el procurador, contemplan procedimientos ágiles y especializados, respetando siempre el debido proceso, la presunción de inocencia y demás garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política de Panamá.

Con respecto al proyecto que modifica artículos del Código Penal, Gómez subrayó que se aumentan las sanciones relativas a delitos contra la administración pública.

Explicó que este tipo de delitos son un cáncer que corroe los cimientos del Estado de derecho y socava la legitimidad de las instituciones.

Sobre este tema, el abogado Alfonso Fraguela puntualiza: “Esa ley, de aprobarse no tiene efecto retroactivo, por no ser de interés social como señala la Constitución; igualmente, la Constitución señala que debe ser procesado quien al momento de cometer el delito, estaba previamente definido como tal y esas propuestas no se le aplicaran a los funcionarios del gobierno anterior’’.