Pasó en MiAmbiente: Locales arrendados por tres años y no fueron ocupados

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizó la tarde de este miércoles una inspección ocular a dos locales, ubicados frente al Ministerio de Ambiente.

Estos locales fueron arrendados por la institución ambiental durante tres años, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, para ser utilizados como oficinas; sin embargo, no fueron ocupados por los funcionarios. El monto a pagar fue de $68,580 y fue realizado a un único propietario.

Serían la Oficina Administrativa de Asuntos Indígenas y Auditoría Interna.

Igualmente se solicitó documentación relacionada a los contratos de arrendamiento.

La fiscal Superior Anticorrupción, Anilú Batista, indicó que se continuará con diligencias en este caso receptando entrevistas, tendientes a acreditar el delito y la vinculación de las posibles personas involucradas.

María del Carmen Silvera, directora de Asesoría Legal de MiAmbiente, aseguró que la entidad ha brindado toda la cooperación necesaria para garantizar que el proceso se desarrolle de manera transparente y eficiente, para que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes contra quien resulte responsable.

“Nuestra prioridad es garantizar que se esclarezcan todos los aspectos relevantes y que se cumpla con los más altos estándares de integridad institucional. Esta colaboración refleja nuestro firme compromiso con la legalidad y la transparencia en nuestras operaciones”, afirmó Silvera.

Este hecho surge a raíz de una querella presentada por la actual administración ambiental ante la Fiscalía Anticorrupción, contra quien resulte responsable, por el alquiler de dos locales comerciales por un monto de $68,580.

El Ministerio de Ambiente asegura que seguirá presentando las demandas que correspondan contra quienes resulten responsables por situaciones irregulares como esta, ante el Ministerio Público, a la vez que ya ha tomado todas las medidas correctivas para utilizar de manera eficiente, legal y transparente todos los recursos de la institución.