Frente a las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino, sobre una posible reapertura de la mina Cobre Panamá, a pesar del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la Mesa Técnica de Trabajo para el Cierre de Minas, integrada por organizaciones de la sociedad civil y profesionales voluntarios, elaboró un documento con un enfoque específico en el proyecto minero en Donoso.

El documento reúne los aspectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, estándares mínimos de derechos humanos aplicables en un proceso de cierre seguro de minas, así como los aspectos ambientales que deben ser considerados y evaluados en un proceso de auditoría ambiental tendiente al cierre de una actividad de este tipo.

Sumando a lo anterior, el documento destaca las características e importancia de reconocer la biodiversidad del distrito de Donoso, una región de 1,600 kilómetros cuadrados donde habitan más de 12,000 personas, y cuyo equilibrio ecológico ha sido impactado por la actividad minera.

Este documento busca no solo ser una guía para las autoridades, sino una herramienta fundamentada, para el seguimiento por parte de la ciudadanía.

“El gobierno debe poner fin a la incertidumbre y asumir una defensa efectiva del Estado frente a los arbitrajes impulsados por la empresa como medida de presión”, indica un comunicado de la organización.

Y recuerda que la reciente suspensión temporal de dos procesos no representa una garantía para Panamá, puesto que estos pueden reactivarse en cualquier momento. “Tres de estos procesos todavía se mantienen en curso, incluyendo una demanda de 5 mil millones de dólares ya formalizada por parte de Franco-Nevada. La falta de acción de las autoridades para sancionar las infracciones ambientales de la empresa minera e investigar posibles esquemas de corrupción, solo debilita la posición del país”, continúa el documento.

“Tenemos como país la oportunidad de cerrar este capítulo y avanzar hacia un futuro libre de minería metálica a cielo abierto. No solo como una cuestión de alto valor ambiental, sino por un tema de justicia: reconocer y reparar el daño causado es un deber ético y legal”.

En este sentido, desde la Mesa Técnica de Trabajo para el Cierre de Minas ofrece al público esta herramienta documentada, donde instan a las autoridades a:

- Desistir de manera definitiva cualquier intento de reactivar la mina, en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en respeto a la voluntad de la ciudadanía.

- Detener las visitas masivas al proyecto minero... expertos internacionales han advertido de riesgos graves de la instalación de manejo de relaves y la contaminación por drenaje ácido sin monitoreo y gestión adecuada.

- Realizar una auditoría ambiental integral e independiente, que evalúe los impactos de la actividad minera y asegure que el cierre cumpla con los estándares técnicos más altos

- La ejecución de un plan de cierre claro y detallado, que garantice un proceso ordenado, seguro y respetuoso con las comunidades y el medio ambiente.

- Construir, de manera participativa, un plan de diversificación productiva que reemplace el impacto económico de la actividad minera, priorizando el bienestar de las comunidades de los distritos de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.