El 9 de enero de 2011 siete chicos recluidos en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, que les faltaban apenas unos días para salir de esa institución, fueron quemados en carne viva cuando se encerraron en su celda para no participar en una revuelta que llevaban a cabo sus compañeros, en protesta por falta de agua y comida. Eran muy conscientes de que pronto cumplirían su término allí y no querían meterse en problemas.

Muy fuertes y dolorosas fueron las imágenes de los policías o custodios encargados de la seguridad del centro, cuando tiraron, a través de los barrotes, bombas lacrimógenas que causaron que los colchones y cualquier objeto inflamable se incendiaron y los muchachos sufrieran quemaduras que mataron a cinco, y dejaron a dos con secuelas para toda la vida.

Como les habían cerrado la puerta por fuera, no pudieron salir, solamente cuando ya las llamas habían cobrado su peaje. Fueron llevados al Hospital Santo Tomás y los medios se volcaron en esa tragedia, sobre todo por lo dramático e inhumano que significó esa acción por parte de las autoridades del recinto, y del sistema penitenciario, que es parte del Ministerio de Gobierno.

A uno de los cinco, que estaba totalmente carbonizado, lo metieron en una bolsa de basura y así se lo entregaron a sus familiares. Fue una tragedia y posteriormente, por la presión mediática y de un grupo de ciudadanos que nos sensibilizamos ante este drama. Cinco años después los implicados fueron juzgados y condenados a 46 años de cárcel.

El grupo de panameños que nos sensibilizamos con esta tragedia recolectamos fondos y logramos no solo construir una casa adecuada para el chico que sobrevivió, sino que logramos comprarle las vendas especiales para sus quemaduras, así como le dimos seguimiento a sus terapias. Varios abogados donaron sus servicios para mediar hasta conseguir que se hiciera justicia en tan dramático hecho, que, inclusive, fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció la falta de diligencia de las autoridades para proteger la vida e integridad de menores bajo custodia estatal.

Esta semana, inexplicablemente, esos policías y custodios fueron indultados por el presidente Mulino que, a la sazón, era el Ministro de Seguridad. Espero que tanto familiares como aquellos apegados al derecho y, sobre todo, a los derechos humanos, apelen esta decisión del ejecutivo, que es una bofetada a la certeza del castigo y las familias que perdieron a sus hijos de manera tan trágica.