El pasado 12 de junio, en la columna publicada en La Estrella de Panamá, bajo el título “La tragedia de Azuero y los misterios del IV puente”, en la primera parte comentaba la inhumana situación que viven los habitantes de esa región por la falta de agua; en la segunda, dediqué unos párrafos a las declaraciones del ministro de Obras Públicas, con las que denunció la lesión patrimonial, según él estimada en 1,800 millones de balboas, sufrida por el Estado en el proyecto del IV puente sobre el canal.
Si entonces me pareció que sus afirmaciones reflejaban improvisación y considerable ligereza, pues no aclaraba cómo había precisado ese monto, ahora, cuando ha vuelto sobre el tema y elevado la cifra a 3,000 millones, se hace imperativo que una denuncia de tanta gravedad no quede solo en titulares de prensa y para alimentar los corrillos y que el susodicho funcionario sustente sus aseveraciones con cifras y datos claros y precisos.
En su primera denuncia, el ministro achacó su estimación de los perjuicios económicos sufridos por el Estado al cambio del diseño original que, en paralelo a la calzada para la circulación de automóviles, incluía un carril para los rieles del tren hacia el oeste; opción que fue cambiada para sustituirla por la alternativa del túnel bajo del canal. En la segunda denuncia, insiste en que esa decisión, que califica como equivocada e injustificada, sigue siendo la causa de la lesión patrimonial al Estados; pero ahora la aumenta hasta los mencionados 3,000 millones.
Si la primera cifra de 1,800 millones exigía investigación y aclaraciones, el salto de 1,200 millones, que dimensiona exponencialmente la naturaleza del embrollo, impone que el ministro del MOP cumpla con su obligación de explicar, detalladamente, cuándo, por quiénes y cuáles fueron las justificaciones para optar por la construcción del túnel.
En circunstancias como estas, por muy respetables que sean las aseveraciones del ministro del MOP, de muy poco sirven, a menos que estas sean respaldadas por un informe técnico e imparcial, ajeno a su despacho. Este lo podría rendir la Universidad Tecnológica, una empresa especializada en grandes obras de ingeniería o serle solicitado a instituciones internacionales, como el Banco Mundial o el BID, con comprobada experiencia en la financiación de obras de esa envergadura.
