Le cambiaron la medida cautelar de casa por cárcel al dirigente indígena Toribio García para que pudiera salir a trabajar, y de inmediato le cayeron en pandilla en las plataformas digitales.
Antes, el público había quedado conmovido por la forma en que vivía la familia del dirigente ngäbe, investigado por presunta apología del delito durante la huelga de los 80 días contra la reforma de la Ley 51 de la Caja de Seguro Social.
García tenía prohibido salir de su casa en el área comarcal y también el uso de las redes sociales, que eran su principal ventana de lucha. En algún momento dejó clara su aspiración de inscribir un partido político, y también confesó por esa misma vía digital que padecía una enfermedad —sin especificar— que lo mantenía en estado delicado.
Así estaban las cosas hasta que estallaron las protestas y los cierres que paralizaron el país en varios puntos. García fue llevado al banquillo por apología del delito y otros dirigentes terminaron encarcelados.
La población se mantiene dividida sobre la medida cautelar. Entre los principales cuestionamientos alrededor del caso está quién responde por los miles de panameños que no pudieron movilizarse durante los cierres, incluidas personas que requerían atención médica.
