La huelga que se prolongó por cerca de tres meses fue motivada por la que al final terminó por ser una imposición plagada de inconsistencias, la denominada nueva Ley Orgánica de la Seguridad Social que, aparte de haber sembrado las semillas para previsibles y futuras confrontaciones que, si algo se ha comprobado desde que comenzó a regir, es que en el presente y el horizonte de la institución persisten problemas de toda índole que, en lugar de solucionarse, tienden a agravarse y que todos los días son denunciados por los usuarios que sufren las carencias básicas del sistema.
A los efectos de sus propósitos, en las esferas gubernamentales se ha estimado que, aparte de la aprobación específica de las reformas que promovió, también se apuntaron otro logro: desmantelar la dirigencia sindical más militante y haber escarmentado a los docentes con las sanciones que han dejado sin empleo a más de 200 educadores, que no solo se debaten ante la falta de ingresos sino que, además, viven una agravada angustia financiera por las exigencias de sus acreedores que les reclaman los pagos de compromisos que no están en capacidad de cumplir.
Pensar, como parece que lo entienden sus impositores, que las sanciones a los docentes, contribuyen a mejorar la educación nacional es un error tan empírico como aquel de que se valían algunos trogloditas de tiempos pasados, que creían que haciendo a sus esclavos padecer hambre los acicateaba para producir más.
La crisis de la educación panameña que, en vez de solucionarse, cada día se agudiza más no se solucionará con medidas de fuerza que, objetivamente, alejarán la posibilidad de acuerdos consensuados entre todos los sectores que son actores, primarios o secundarios, en el proceso educativo.
Panamá necesita crear e instrumentar una filosofía educativa que sea producto de entendimientos y no de confrontaciones; que motive en lugar de desalentar.
Como primer paso para producir esas condiciones, el principal responsable de la educación, que es el Estado, debiera realizar un gesto constructivo, consistente en restituir a todos los docentes actualmente separados y, coetáneamente, acordar un programa de compensación mediante el cual esos docentes aporten horas de servicio, con clases de reforzamiento para estudiantes rezagados o mediante otras alternativas que se acuerden mutuamente.
