Los atrasos de nuestro sistema educativo no se circunscriben a las reiteradas evidencias de sus fallas en los contenidos y la forma de enseñar, reflejadas en las mediciones que se realizan periódicamente; también, y de extraordinaria gravedad, es que las infraestructuras físicas no existen en muchos lugares y, en otros, apenas cumplen estándares mínimos como sitios para impartir enseñanza.
Por tanto, haber aprobado, después de largas luchas y esperas de varios años, la ley que ordena asignar a la educación el 7% del Producto Interior Bruto fue una medida justa y necesaria.
Por eso, no pueden menos que sorprender las recientes manifestaciones oficiales, al comentar la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación y tomarla como pretexto para justificar una eventual revisión, a la baja, de ese porcentaje.
Usar como argumento que algunos países desarrollados dedican a la educación porcentajes inferiores del gasto público, para no usar otro término de mayor calibre, es un atentado al sentido común. Esos países usados como ejemplo cuentan con todas las infraestructuras que acá, en muchos lugares ni siquiera existen. Sus sistemas educativos, cuando son medidos con las pruebas internacionales, nos superan, en algunos casos, con diferencias abismales.
Tal vez, lo único positivo de las declaraciones oficiales fue haber dicho que “por ahora”, es decir, en el próximo Presupuesto no se propondría la revisión del porcentaje del 7%.
Si la actual regencia del ministerio de Educación ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto que legalmente le fue asignado y debe invertir, a pesar de la existencia de todas las carencias del sistema que están pendientes de ser atendidas, la medida que corresponde debe ser la sustitución de sus autoridades y no que esa incompetencia sirva para ensayar o proponer aventuras reduccionistas.
El 7% fue aprobado por una ley. Para reformarlo, si el Ejecutivo decidiera intentar esa insensata aventura, tendría que proponer un proyecto de ley que, si no lo han calculado, motivaría que el país entero se uniera para rechazarlo. Ojalá que a quienes se les pueda haber ocurrido la idea y lanzarla “para probar las aguas”, recapaciten y la abandonen. La educación es el futuro del país y cuanto debamos invertir para cubrir sus comprobados déficits es poco. Y como son tantos los rubros en que se gasta y se malgasta el dinero público, es allí donde hay que recortar; pero nunca sacrificar la educación.
