Panamá fue examinada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del mecanismo de revisión periódica acerca del cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos por parte de los países, conocido como Examen Periódico Universal, el pasado 5 de noviembre.
Este examen se hace tomando como base el Informe del Estado; la recopilación que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de las recomendaciones realizadas por los órganos de tratados a Panamá; y el resumen de las comunicaciones de las partes interesadas, llámese Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos panameñas, realizado por el Alto Comisionado.
El examen anterior fue realizado el 4 de noviembre de 2020. El Consejo de Derechos Humanos le hizo 181 recomendaciones a Panamá, comprometiéndose el gobierno a cumplir 146.
En su informe nacional, el gobierno panameño no da cuenta de la ratificación de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que había asumido ese compromiso en la revisión del 2020. Tampoco dice nada sobre su promesa de abolir los acuerdos de pena en delitos sexuales; o la de aprobar e implementar una ley integral contra la discriminación que abarque a todas las poblaciones en riesgo. Presenta como logro la creación del Ministerio de la Mujer a través de la Ley 375 de 2023, sin indicar que el Ejecutivo ha hecho una propuesta para su supresión.
En el informe alternativo de 110 organizaciones de la sociedad civil se hace énfasis en la carencia a nivel nacional, de políticas públicas “con enfoque interseccional y territorial”, lo cual “agrava las brechas de desigualdad en Panamá que afecta de manera desproporcionada a poblaciones afrodescendientes, personas con condiciones de discapacidad, indígenas y rurales”.
Mientras la Coordinadora Popular de Derechos Humanos (COPODEHUPA) rechaza el informe gubernamental por considerarlo “un documento político de encubrimiento, que ignora las muertes, el hambre, la exclusión y los desalojos que sufre el pueblo” y solicita una Misión Internacional de Verificación y Observación de Derechos Humanos en Panamá, con énfasis en represión estatal, libertad sindical, desalojos forzosos, tortura y corrupción institucional”.
El Informe Final del Consejo de Derechos Humanos sobre este examen verá la luz en los próximos días.
