Indignación en la opinión pública ha causado la libertad ordenada por el Presidente de la República a 5 policías condenados por el homicidio de 5 jóvenes recluidos en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, hecho perpetrado el 9/1/2011.
Los mismos están incluidos en la lista de 166 personas condenadas por delitos comunes, que han sido favorecidas con rebaja de la pena de prisión y libertad contenida en el Decreto Ejecutivo No 24 de 22/7/2025. Dicho Decreto se fundamenta en el artículo 184, numeral 12, de la Constitución Política, que faculta al Presidente a “decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”.
Lo escabroso y repudiable fueron las circunstancias en que murieron dichos jóvenes, pues en aquella fecha, los policías arrojaron gases lacrimógenos a la celda (cerrada con candado) en que se encontraban los jóvenes, muriendo calcinados producto del incendio que se originó, además de propinarles golpizas a los sobrevivientes y no acudir a sus llamados de auxilio. Las sentencias definitivas de condena (de más de 40 años de prisión) salieron en el 2020, sin embargo, han pasado apenas 5 años y se les concede su libertad, a pesar de que los requisitos para la libertad condicional son haber cumplido los dos tercios de la condena y la buena conducta del condenado.
Asimismo resulta escandaloso que tres de los policías beneficiados con reducción de pena se mantengan en la planilla de la Policía Nacional y sigan cobrando su salario, según la página web de ANTAI, amén de que dos de ellos, sentenciados a pagar indemnización a dos de las víctimas, no han cumplido con los fallos correspondientes (cfr. La Estrella de Panamá del 24/7/25 y La Prensa del 23/7/25).
Al respecto, Esmeralda de Troitiño, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó: “Es realmente una vergüenza para la justicia, un mensaje de impunidad para las familias de esos adolescentes y una forma de propiciar más violencia. Cuando hay certeza del castigo se genera confianza en el sistema de justicia y también se manda un mensaje de una justicia igualitaria”.
Esta medida del Ejecutivo es reprochable, en tanto supone privilegios hacia los estamentos de seguridad, en momentos en que hay serios cuestionamientos en su contra, por violaciones graves a los derechos humanos de la población.
