Fracaso en el manejo del caso de los albergues

Las recientes revelaciones de la Comisión de la Mujer y la Niñez de la Asamblea Nacional, de nuevos casos de abusos sexuales en albergues no demuestra sino el fracaso del sistema de protección de la infancia en nuestro país y, más concretamente, de la SENNIAF.

Después de 6 meses transcurridos desde que la Comisión divulgó a la opinión pública sus alarmantes hallazgos de violencia y maltrato físico a menores en albergues, las diversas instituciones involucradas (SENNIAF, MIDES, administración de justicia) debieron tomar cartas en el asunto al fin de prevenir que estos hechos se volvieran a repetir.

Sin embargo, durante marzo, abril y mayo se produjeron nuevos hechos de violaciones sexuales, abortos y hasta trata de personas, según nuevo informe de esta Comisión, de 24 de agosto pasado, fecha en que también fueron requeridos por la misma, la actual directora, exdirectoras y funcionario del SENNIAF, para dar cuenta de su actuación como altos servidores públicos de esta Secretaría, y se dieron el lujo de no asistir, sin mayores justificaciones.

Extensos reportajes de diarios de la localidad han dado cuenta de la crisis del SENNIAF: exiguo presupuesto, escaso personal (y añadimos nosotros, politización de su administración y decisiones), lo cual se ha traducido en saturación del sistema, burocratización en la atención y hasta negligencia y desidia, donde ha habido expedientes paralizados hasta por 8 años, en un sistema que genera 400 casos por año, sin mayor capacidad de atención (La Estrella de Panamá 9-12/8/21).

Llama la atención que albergues con irregularidades no hayan sido clausurados, tal como lo indica la Ley 14 de 2009, cuando ya para fines del 2020, el 50% de ellos no contaban con permisos, por estar suspendidos o vencidos y, sin embargo, recibían subsidios del Estado. Y más aún, cuando Matilde Luna, directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), contratada por el MIDES, ha dicho que: ‘En Panamá los niños y adolescentes son ingresados a los albergues en forma injustificada' (LEP 22/8/21), después de haber recorrido 50 de esos centros.

El Movimiento Pro Defensa de la Niñez y Adolescencia (MOPRODENA) lleva 27 semanas consecutivas exigiendo justicia para la infancia abusada en los albergues, ante la sede de la Procuraduría de la Nación, que, de 28 investigaciones desde el 2017, sólo ha condenado a 3 personas. ¡La justicia tardía no es justicia!

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA