- martes 08 de agosto de 2023 - 12:00 AM
¿Se debe premiar la morosidad?
Se ha convertido en rutinaria la práctica, por entidades prestadoras de servicios públicos, de anunciar ‘moratorias' que incluyen condonaciones y descuentos para estimular a ponerse al día a los usuarios que han acumulado facturaciones no pagadas, sean estos personas naturales o empresas.
Hace unos días la denominada Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliarios anunció que su Junta Directiva había acordado aprobar una nueva moratoria, alegando como justificación que por esa vía se recuperarían fondos para poder comprar equipos y otros instrumentos de trabajo y prestar un servicio más eficiente.
Cada vez que se hacen esos anuncios, según explican las entidades que los aprueban, se trata de ‘últimas oportunidades' que deben aprovechar los morosos, pero como la práctica se repite con demasiada frecuencia, tanto personas como empresas, seguros de que habrá ‘otras oportunidades' ya incluyen en sus cálculos, hasta lo que se ahorrarán acogiéndose a la ‘próxima moratoria'.
De justicia fuera que se legislara para que quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones, pagando a tiempo las tasas por los servicios públicos, cuando se decreten esas moratorias que, en esencia son un privilegio fiscal, a quienes han pagado a tiempo se les premie con descuentos o créditos a cuenta de futuras facturaciones.
Pero, además, quienes siguen aprobando las moratorias, antes de hacerlo, debieran sopesar las implicaciones, tributarias y legales, de sus decisiones: 1) porque los usuarios que pagan a tiempo sus compromisos, con toda justificación, se preguntan si deben seguir siendo responsables, cuando quienes no lo hacen son premiados con descuentos y condonaciones de sus deudas y 2) porque al aprobar las moratorias, los directores de las instituciones podrían estar extralimitándose en sus funciones; ya que al perdonar esas deudas, privan al erario de recibir ingresos que, por estar estimados en los respectivos presupuestos, implican una reforma indirecta de la ley que aprueba el Presupuesto General del Estado.
ABOGADO