EE.UU. sanciona a funcionarios y empresas nicaragüenses por atacar los DD.HH.

Estados Unidos lanzó este miércoles una ronda de sanciones contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que afectan a decenas de funcionarios y a empresas, por atacar los derechos humanos y ser “cómplices en la explotación de migrantes”.

Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron en una llamada con prensa que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del gobierno de Nicaragua y a sus familiares, por apoyar “el ataque a los derechos humanos del régimen de Ortega y Murillo”.

Además, se emitió una alerta policial internacional para informar a la industria de la aviación sobre las formas en que los contrabandistas están facilitando la migración ilegal y para recordarle a la industria “medidas clave que deberían tomar para evitar la complicidad en estas acciones”.

Según Estados Unidos, el Gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo es responsable “de convertir en armas y sacar provecho de los migrantes desesperados y vulnerables” a quienes les “vende visas a su llegada”.

“Las acciones del Gobierno de Nicaragua son motivo de grave preocupación, ya que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han implementado políticas migratorias permisivas, como el límite de 96 horas, que han introducido oportunidades para explotar a los migrantes y fomentan viajes irregulares peligrosos hacia la frontera suroeste de Estados Unidos”, afirmaron.

Entre los sancionados por el Departamento de Estado están policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública.

En una acción paralela, el Departamento del Tesoro sancionó a varias entidades, entre ellas al centro de capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua por “apoyar las actividades represivas de la Policía Nacional de Nicaragua para procesar a la oposición política”.

Y también a empresas mineras “afiliadas al Gobierno” que comercian con oro y “generan ingresos para el régimen de Ortega Murillo”.

Tras las sanciones todo estadounidense tendrá prohibido realizar transacciones con estas entidades y cualquier activo que tengan en Estados Unidos será bloqueado.

“Estamos muy preocupados por las formas en que el régimen de Otega-Murillo continúa participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y a las personas injustamente detenidas que ejercen sus libertades fundamentales”, apuntaron dichas fuentes.