La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado 294 denuncias penales ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el uso de fondos asignados a 257 juntas comunales y 37 alcaldías del país.

En la mayoría de los casos, las autoridades electas no han podido justificar adecuadamente el destino de los recursos, lo que representa hasta el momento una lesión patrimonial que supera los 213 millones de dólares, según reveló ayer el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante su conferencia semanal, el mandatario recalcó que la entidad, dirigida por Roxana Méndez, ha actuado “estrictamente conforme a lo que establece el Código Procesal Penal” y aclaró que estas acciones no obedecen a motivaciones políticas. “Esto no es un invento de Roxana Méndez”, dijo, al defender el proceso de auditoría y denuncias impulsado por la AND.

El presidente explicó que, tras la presentación de las denuncias, el Ministerio Público solicitó a la Contraloría General la realización de auditorías, al ser la institución responsable de fiscalizar el uso de los fondos públicos transferidos a nivel local.

En muchos casos, la falta de información o la presentación de documentación insuficiente fue la razón para iniciar los procesos penales. “Se procedió con la denuncia penal donde no se justificó el uso de los recursos”, puntualió.

De acuerdo con el mandatario, hasta ahora se ha revisado un 65% de los informes de rendición de cuentas que presentaron representantes y alcaldes y solo 53 casos han cumplido con todos los requisitos. “Presentaron sus facturas, sus gastos, y se fueron tranquilos para su casa”, comentó.