Proceso. La Procuraduría General de la Nación anunció ayer que ha iniciado una investigación penal por la posible comisión de un delito contra la administración pública u otros delitos en perjuicio del Estado, para esclarecer los hallazgos revelados en la auditoría realizada a la empresa Panamá Ports Company (PPC).

La información fue divulgada en una nota oficial firmada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, quien solicitó una copia de la auditoría con urgencia

Esto ocurrió luego de que el contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, informara el 7 de abril que el proceso de auditoría a PPC reveló incumplimientos del contrato por un monto superior a los $300 millones en perjuicio del Estado.

Flores señaló en esa ocasión que la Autoridad Marítima de Panamá había “tergiversado” cifras, y adelantó que presentaría demandas penales contra los funcionarios de la empresa, así como contra los directivos responsables de la renovación de la concesión.

La auditoría a PPC también detectó fallos en los cálculos contables y la presencia de empresas fantasma vinculadas al proceso.

Ayer, Flores aseguró que varios funcionarios del gobierno anterior, entre ellos el expresidente de Panamá, Laurentino Cortizo, deben rendir cuentas ante la justicia panameña.