El contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, anunció que en los próximos días se entregarán nuevos informes al Ministerio Público (MP) relacionados con el caso de las juntas comunales.

Entre los casos a resaltar está el de la Junta Comunal de Barrio Norte, que, según Flores, recibió más de $14 millones y cuya auditoría se encuentra en su etapa final.

Flores enfatizó que no se trata de una persecución política.“Estamos poniendo orden en el manejo de los recursos públicos. Hay $320 millones en juego, no es poca cosa. Si criticamos a Panama Ports por pérdidas millonarias, la escoba debe barrer por todos lados”, dijo.

Además, advirtió que algunas juntas manejaron entre $7 y $9 millones de sin respaldo documentado.

El funcionario aseguró que, en el gobierno pasado, la excusa de casi todos fue la pandemia de la Covid-19, pero afirmó que, según lo revelado en las auditorías, en la mayoría de los casos lo que hubo fue “juegavivo”. “Endeudaron al país con $30 mil millones por la pandemia”, agregó.

El contralor detalló que se han completado aproximadamente 72 auditorías, de las cuales entre 35 y 40 ya han sido remitidas al Ministerio Público. Aclaró que aún quedan alrededor de 300 en proceso, por lo que tomará bastante tiempo completarlas. No obstante, destacó que no todas las juntas comunales están comprometidas, ya que entre 13 y 14 salieron sin irregularidades en las auditorías realizadas.

Representantes de la sociedad civil como Gabriel Tribaldos, de la Fundación Unidos por la Democracia, han exigido consecuencias para los presuntos responsables. “Ya es hora de que los desfalcos cometidos en nuestro país traigan consecuencias serias para estos políticos que aún ocupan cargos públicos”, acotó.

Sobre los allanamientos, Flores expresó preocupación por la forma en que se han llevado a cabo por parte del MP. Señaló que realizar operativos en la madrugada contra representantes comunales, quienes están protegidos por la ley 105, podría constituir una violación de derechos y poner en riesgo el proceso judicial.

Reiteró que no se trata de narcotraficantes y criticó este accionar como un exceso innecesario.

En los últimos días, exfuncionarios de juntas comunales en Veraguas, Chiriquí y Capira han sido objeto de medidas cautelares, incluyendo arrestos domiciliarios y detención preventiva.

El 30 de julio, allanamientos permitieron la aprehensión de cuatro personas: un representante actual y un tesorero de la Junta Comunal del distrito de Bugaba, así como un exrepresentante y una extesorera de la Junta Comunal del distrito de Tierras Altas.

Denuncia. La Procuraduría General de la Nación, a través de las Fiscalías Anticorrupción, informó que mantiene abiertas investigaciones sobre programas públicos financiados y ejecutados por diversas juntas comunales.

Los principales programas bajo escrutinio son el Fondo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS) y el Programa de Desarrollo e Inclusión Social (PDIS).

El PDIS concentra el mayor número de denuncias, con un total de 294, de las cuales 290 ya están bajo investigación. Algunas de estas han derivado en la aprehensión e imputación de personas por el delito de peculado doloso agravado, en casos que abarcan el período entre 2019 y 2024.

En cuanto a los programas IBI y PIOPS, se han recibido 23 denuncias que también están siendo analizadas.

Estas investigaciones avanzan en paralelo con las auditorías que realiza la Contraloría General de la Nación para determinar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.