Transcurridos 20 años desde la implementación del Decreto Ejecutivo 316 de 1994, que regula el servicio de transporte escolar especial, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha establecido una mesa técnica de trabajo con el propósito de discutir las modificaciones y adiciones a este Decreto regulatorio, en respuesta a la petición realizada por la Cámara Panameña de Transporte Colegial.

Este grupo de trabajo está conformado por representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación (Meduca), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Seniaf), la Policía de Tránsito, la Policía de Menores, Acodeco, así como transportistas y sus asesores legales; además, se ha extendido una invitación a los padres de familia a través de sus organizaciones federativas.

Se han llevado a cabo cuatro sesiones, durante las cuales se han aprobado 20 artículos de los 48 propuestos en el proyecto original. En esta etapa final, se procederá a evaluar las disposiciones adicionales, con la expectativa de que esta labor normativa finalice, como máximo, en octubre de este año.

La Cámara Panameña de Transporte Colegial, a través de un comunicado, manifestó que los temas tratados hasta el momento están relacionados con el reconocimiento de todos los organismos que actualmente prestan este servicio y el plazo de tres meses para establecerse como organismo operador del mismo.

Asimismo, se han abordado los requisitos necesarios para conducir un vehículo destinado al transporte escolar, la prohibición del consumo de sustancias y bebidas alcohólicas por parte de los conductores, así como el control anti-pedofilia para garantizar la seguridad de los estudiantes y menores que son transportados. También se abordaron las condiciones contractuales, la prohibición del uso de papel ahumado, las sanciones en caso de incumplimiento y la restricción contra la piratería en la prestación del servicio.

La inclusión de Acodeco en estas deliberaciones se originó debido al conflicto que se generó semanas atrás, relacionado con la postura de este organismo sobre la falta de pago por parte de los padres de familia por el servicio no prestado durante los dos meses de huelga de los docentes. A lo que los transportistas respondieron que “anuncio no mata contrato”, argumentando que esta actividad es de índole comercial y está regida por contratos privados que deben cumplirse una vez que han sido firmados por las partes.

Esta nueva norma, una vez aprobada y publicada en la Gaceta Oficial, impactará a más de 8,000 transportistas escolares en todo el país, tanto de escuelas públicas como privadas, ofreciendo seguridad jurídica a los transportistas y brindando tranquilidad y orden a los padres de familia que utilizan este servicio.

Gloria de Ávila, presidenta de la Cámara Panameña de Transporte Colegial, manifestó que “Esta propuesta constituye un legado que tanto los transportistas como las autoridades estamos dejando a las generaciones actuales y futuras para preservar esta actividad, en contraste con lo que ocurre en otras modalidades del transporte público. La ATTT ha mostrado su compromiso en impulsar esta iniciativa, y los transportistas que marcan la diferencia estamos brindando nuestro apoyo”.