Indignación empresarial y gremial por atentado contra periodista
- sábado 14 de noviembre de 2026 - 12:45 PM
El atentado con explosivo contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, director asociado del diario La Prensa, sigue levantando una ola de rechazo. Esta vez, empresarios, organizaciones civiles y gremios profesionales alzaron su voz para condenar el ataque y exigir que los responsables paguen por este hecho.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) calificó lo ocurrido como una señal profundamente preocupante para el país y advirtió que la violencia no puede volver a convertirse en un instrumento para silenciar voces. Su presidente, Aurelio Barría Pino, recordó que la libertad de expresión y el periodismo independiente son pilares de toda sociedad democrática.
Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos, determinar el móvil y llevar ante la justicia a los responsables. También advirtió que el Estado debe dar una respuesta firme para evitar que este ataque quede impune y frenar cualquier escalada de violencia contra la prensa.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, también rechazó enérgicamente el atentado y pidió una investigación independiente, además de sanciones para todos los involucrados. La organización alertó que el ataque no solo puso en peligro la vida del periodista y su familia, sino que busca intimidar a quienes investigan y denuncian.
A las voces de rechazo se sumó la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), que condenó sin reservas el uso de un explosivo contra la vivienda del comunicador, ubicada en Brisas del Golf. El hecho ocurrió durante la madrugada y su esposa, quien se encontraba durmiendo dentro de la casa, se salvó de milagro.
El gremio médico advirtió que lanzar un explosivo contra la residencia de un periodista no es un simple delito común, sino un intento de intimidación contra quienes investigan, preguntan e informan sobre el manejo de los bienes públicos. Además, expresó su solidaridad con el periodista, su familia y el equipo de La Prensa.
Las organizaciones coincidieron en exigir al Ministerio Público una investigación seria y transparente que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales, así como garantizar la protección del periodista y sus familiares.