Ante la decisión de los gremios magisteriales de mantener el paro de labores iniciado el pasado 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), la Conferencia Episcopal Panameña hizo un llamado urgente a los docentes para que levanten la huelga y retomen sus actividades en las aulas.

Los líderes religiosos expresaron comprensión hacia las preocupaciones de los educadores, especialmente en cuanto a la estabilidad laboral y el respeto a su dignidad profesional. Sin embargo, manifestaron su inquietud por la prolongada huelga educativa y sus consecuencias sociales.

“Las tensiones sociales y la incertidumbre afectan a miles de familias, especialmente a las más humildes, que ven comprometido el futuro de sus hijos. Valoramos el compromiso, el sacrificio y la vocación de los educadores, quienes son pilares fundamentales en la formación de generaciones”, enfatizaron.

Cabe destacar que los dirigentes magisteriales han solicitado en varias ocasiones la intervención de la iglesia para mediar en el conflicto. En uno de estos encuentros, Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores (Asoprof), declaró: “Ustedes son hombres de Dios y les pedimos que medien para que cese esta represión. No queremos derramamiento de sangre aquí”.

A pesar de la firme postura de los gremios, el Gobierno ha implementado medidas para garantizar la continuidad educativa, como el Decreto Ejecutivo N.º 17, que autoriza al Ministerio de Educación (Meduca) a reemplazar a los docentes en huelga. Frente a esta normativa, los maestros presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mientras algunos docentes han regresado a las aulas, otros continúan en paro. Según el dirigente Diógenes Sánchez, la lucha sigue firme.

Por su parte, la ministra Lucy Molinar informó que no firmará un finiquito de huelga, ya que considera que el “paro es unilateral e ilegal”.

“No puedo firmar un finiquito para poner fin a la huelga”, explicó, argumentando tres razones: primero, porque la huelga no cumple con los requisitos legales; segundo, porque las demandas que motivan la protesta no están relacionadas con temas educativos; y tercero, porque la administración está comprometida a cumplir la ley, la cual establece que “si no se trabaja, no se recibe pago”.

Ante estas declaraciones, el dirigente Sánchez respondió que la ministra “no firma porque su objetivo es destruir el movimiento magisterial”.

Meduca informó, además, que los nuevos educadores ya están impartiendo clases en diversos centros educativos del país. “No tenemos escuelas cerradas. Ha habido un proceso de mucha conciencia y sensibilización. Ahora estamos enfocados en recuperar los aprendizajes, que es lo más importante”, destacó la entidad.

La semana pasada, el Meduca comunicó que se habilitaron más de 10,000 docentes elegibles para cubrir las vacantes generadas por la huelga.