Gobierno acumula deuda de más de $500 mil con hoteles que alojan a damnificados

En los últimos años, varios incendios en edificios de Panamá han dejado a decenas de familias sin hogar, obligando al gobierno a buscar soluciones inmediatas a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

La estrategia de alquilar habitaciones de hoteles para alojar a los damnificados ha sido una medida temporal, pero en algunos casos, se ha extendido por años, sin que las familias afectadas reciban una solución definitiva. Además, esta medida está generando tensiones entre el gobierno y los propietarios de los hoteles, quienes llevan meses sin recibir pagos.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta situación es el caso del hotel Doral, donde residen 76 familias damnificadas del incendio del edificio Capira en Calidonia, ocurrido en 2021.

Según Angélica Van Lewin y Omar Jaén, abogados del hotel, desde hace ocho meses no se han realizado pagos por los servicios de hospedaje, acumulando una deuda de aproximadamente 600 mil dólares.

A pesar de que el hotel mantiene un contrato vigente con el Miviot, los abogados expresaron su preocupación debido a la falta de compromiso por parte de la nueva administración gubernamental para respaldar y cumplir con el acuerdo. El contrato actual vence el 31 de diciembre, y aún no se tiene claridad sobre el futuro de las familias que han estado viviendo en el hotel por casi tres años.

“Estamos preocupados porque el 31 de diciembre vence el contrato y no sabemos qué va a pasar con esas familias. Son pobres y humildes y están sufriendo una catástrofe”, declaró Van Lewin a TVN Noticias.

La abogada también señaló que, aunque se anunció una partida de $528 millones para pagar a quienes brindan apoyo al gobierno, esta no parece incluir a los hoteles, lo que ha generado aún más incertidumbre.

Por su parte, Jaén explicó que el presupuesto destinado a pagar a los hoteles fue redirigido a una constructora privada, y ya han presentado una denuncia ante el Ministerio Público. La falta de pagos y la aparente desviación de fondos han dejado a los propietarios del hotel en una situación crítica, mientras que las familias damnificadas siguen sin una solución permanente para su reubicación.

La denuncia presentada señala un posible delito de peculado, lo cual, de ser comprobado, podría llevar a penas de entre uno y seis años de prisión. Además, el proyecto Techos de Esperanza, bajo el cual se ampara el hospedaje de los damnificados en hoteles, está siendo cuestionado por las irregularidades en la gestión de los fondos.