Fondo de retiro especial para magistrados desata indignación

  • domingo 10 de agosto de 2025 - 12:00 AM

Una ola de críticas desató la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al aprobar un fondo de retiro especial para jueces y magistrados, una medida calificada por muchos como inconstitucional y que profundiza la desigualdad en el país.

Este fondo quedó establecido en el Acuerdo N° 407 del 18 de julio de 2024, publicado el 8 de agosto de 2025 en la Gaceta Oficial. Según el acuerdo, los magistrados de la CSJ recibirán el 100% de su último salario devengado al momento del retiro. La Caja de Seguro Social (CSS) asumirá el límite de las pensiones que por ley correspondan al magistrado, mientras que la institución cubrirá el resto. Además, el acuerdo indica que si un magistrado termina su período o se retira antes de jubilarse, conservará derechos adquiridos que podrá hacer efectivos al alcanzar la edad requerida.

Por su parte, los magistrados de tribunales superiores recibirán el 60%, los jueces de circuito el 50% y los jueces municipales el 40%, todo ello adicional a la jubilación otorgada por la CSS.

La justificación para esta medida es “fortalecer la independencia e imparcialidad” de jueces y magistrados, así como crear mejores condiciones laborales.

La decisión provocó una avalancha de cuestionamientos en redes sociales, donde muchos la calificaron como un “juego vivo” y una “sinvergüenzura”, señalando que mientras algunos jubilados reciben pensiones insuficientes, se aprueba este fondo de retiro especial.

Entre los críticos se encuentra el abogado y diputado Ernesto Cedeño, quien señaló: “No es adecuado que los diputados avalen un centavo para una jubilación especial de esta magnitud sin que exista una ley que lo respalde. Esto debe debatirse en la Asamblea Nacional (AN). Tal como está presentado en este acuerdo, no procede constitucionalmente.”

Cedeño explicó que “el artículo 163, numeral 3, de la Constitución establece que todo lo relacionado con jubilaciones debe ser determinado por ley. Al aprobar este acuerdo se está obviando la función de los diputados. Además, el artículo 267 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo es el único ente autorizado para hacer las normas presupuestarias, por lo que esta acción es abiertamente inconstitucional.”

Asimismo, hizo un llamado a la AN para que no avalen ningún centavo destinado a jubilaciones especiales de este tipo.

Otro que manifestó su opinión fue el exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, quien enfatizó que la medida profundiza la desigualdad creando beneficios en el pensionamiento de algunos panameños sobre otros, además, no es dable en la situación financiera nacional actual.

En su cuenta de X, Vásquez publicó: “Recomiendo respetuosamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que evalúe la decisión tomada. Urge tomar decisiones más acordes con el estado de las finanzas públicas”, ya que es compromiso de todos romper las brechas de la pobreza y no profundizar aún más la desigualdad.

El diputado Luis “Lucho” Duke también expresó su rechazo en la red social X: “Tras aumentar su salario a $14 mil, ahora los magistrados crean un ‘fondo de compensación’ que, en la práctica, es una jubilación especial, exclusiva para jueces y magistrados, que recibirán el 100% de su último salario (CSS + Órgano Judicial) financiado con fondos públicos.” Añadió que “parece que algunos no comprenden la dura realidad económica que enfrenta el país y su pueblo.”

Por su parte, el polémico acuerdo, que lleva la firma de María Eugenia López, presidenta de la CSJ, reitera que “los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan.”

Actualmente, este fondo beneficiará a 133 jueces y magistrados, de un total de 519, lo que representa el 26% del personal que ya se encuentra en edad de jubilación. También se indica que la medida impacta solo el 0.26% del presupuesto institucional.

Para el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal, la medida “aumenta la desigualdad salarial y la perversa distribución de la riqueza en un país de 4.516.000 habitantes. ¡Urge una ley general de salarios para evitar un mayor malestar social!” puntualizó.

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