AUTOEXILIO

La estrategia del denominado ‘círculo cero' del expresidente Ricardo Martinelli es la de seguir huyendo de las graves acusaciones que investiga la justicia panameña en su contra por supuestos actos de corrupción.

Poderosos empresarios, que en la pasada administración lograron incrementar su fortuna al adjudicarse contratos millonarios provenientes de fondos del Estado, siguen en autoexilio.

A pesar de que las diversas fiscalías anticorrupción del Ministerio Público han girado órdenes de conducción en su contra, estos magnates han hecho caso omiso y continúan sin dar la cara.

Prófugos

Los prominentes empresarios Gabriel ‘Gaby' Btesh y Ricardo ‘Ricky' Calvo, luego de ser mencionados en el supuesto cobro de ‘coimas' por el proyecto Riegos de Tonosí, decidieron abandonar el país y su paradero es desconocido.

Ante ello, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitir una alerta roja para ubicarlos.

Otro que está en el ojo de la tormenta por su vinculación a este supuesto entramado de ‘coimas' es el empresario Ricardo Francolini, requerido actualmente por la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

Adolfo ‘Chichi' de Obarrio se suma a la lista de los requeridos por la justicia panameña.

En el pasado gobierno fue una de sus figuras más cercanas al expresidente Ricardo Martinelli, pues se desempeño como su secretario privado.

Sobre De Obarrio pesan graves acusaciones por delitos contra la administración pública, peculado y fraude en contrataciones públicas.

Lo último que se supo de él fue que denunció a Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación a sus derechos humanos.

En la mira

La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada también instruye un expediente contra Nicolás Corcione.

El despacho judicial a cargo del fiscal Nahaniel Murgas le formuló cargos por presunto blanqueo de capitales.

Roberto Moreno, abogado de Corcione, afirma que esperaran a que se decida si será investigado por el Sistema Penal Acusatorio o el Sistema Inquisitivo.

Edna Ramos, defensa legal de De Obarrio, insiste en que las autoridades del Ministerio Público no respetan el debido proceso de los señalados.

Por otro lado, miembros de la sociedad civil les exigen que regresen y den la cara a la justicia.

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que deben ponerse a disposición de la justicia y, de resultar culpables de las acusaciones, se les debe aplicar un castigo.