Tres personas fueron enviadas a detención provisional tras ser imputadas por el delito de robo agravado en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte del proceso judicial que se sigue por el robo de 63 armas de fuego ocurrido en octubre de 2024.

La decisión fue tomada por la jueza de garantías Clara Montenegro, del Primer Circuito Judicial de Panamá, luego de considerar los riesgos procesales y la naturaleza del delito.

A otros dos imputados se les impusieron medidas cautelares menos severas, consistentes en reporte periódico semanal, prohibición de salida del país y restricción de contacto con los demás investigados, argumentadas por razones humanitarias.

La audiencia incluyó la legalización de la aprehensión y la presentación formal de cargos por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, representada por la fiscal Azucena Aizpurúa. La defensa técnica fue asumida por abogados particulares y una defensora pública, mientras que la representación legal de la CSS estuvo a cargo del licenciado Jorge Mosquera.

Tanto la fiscalía como la defensa anunciaron apelación a las medidas impuestas, por lo que se ha programado una nueva audiencia para el próximo 12 de mayo ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

El caso se originó con la operación “Baluarte”, llevada a cabo el lunes 21 de abril de 2025 por la Policía Nacional y el Ministerio Público en los sectores de San Francisco, Pueblo Nuevo, Pacora, 24 de Diciembre, Río Abajo y los distritos de Chame y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

Durante esta operación fueron aprehendidas cinco personas, entre ellas dos exagentes de seguridad de la CSS, y se decomisaron uniformes y otros elementos vinculados al delito investigado.