La situación en la provincia panameña de Bocas del Toro se tornó aún más crítica este sábado 21 de junio, tras una noche marcada por saqueos, represión y un saldo creciente de heridos y detenidos.

Durante la mañana, unidades de Fuerzas Especiales de la Fuerza Pública lograron retomar el control del aeropuerto Manuel Niño de Changuinola, luego de que fuera tomado y vandalizado por manifestantes.

Según reportes oficiales, los disturbios dejaron múltiples daños en infraestructuras públicas y privadas, con 11 comercios saqueados, 4 edificios del Estado violentados y un almacén médico de la Caja del Seguro Social completamente vandalizado, lo que agudiza la crisis sanitaria en la provincia.

El Gobierno de Panamá mantiene suspendidas las garantías constitucionales en Bocas del Toro bajo un estado de urgencia, que limita la libertad de reunión, expresión, tránsito y permite allanamientos sin orden judicial. Además, los servicios de internet y telefonía móvil permanecen bloqueados desde la noche del viernes 20 de junio.

Las fuerzas del orden informaron que un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fue herido de bala en medio de los enfrentamientos y se encuentra hospitalizado. Hasta el momento, se registran 140 personas detenidas en una semana, incluyendo 11 menores de edad y al menos 13 policías heridos.

Entre las propiedades públicas dañadas se encuentran el Aeropuerto Manuel Niño (ya retomado por las autoridades), las instalaciones de la Contraloría General, la Planta Potabilizadora El Silencio, la Dirección de Investigación Judicial (DNIJ) en Changuinola y el Depósito de la Caja del Seguro Social en Finca 11.

Las protestas se originaron en abril por la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones. Aunque esta semana el Gobierno firmó una nueva legislación especial con beneficios para los trabajadores bananeros, otros sectores sociales, como docentes y organizaciones civiles, rechazaron el acuerdo, continuando con bloqueos y protestas.

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, la situación se ha deteriorado con el despliegue de más de mil 900 agentes en la denominada ‘Operación Omega’, que ha generado fuertes críticas por el uso de gases lacrimógenos, detenciones sin orden judicial y el cierre informativo en toda la provincia.

El Gobierno acusa a ‘grupos radicales y delictivos’ de estar detrás de los saqueos, mientras la sociedad civil advierte sobre una respuesta desproporcionada y un deterioro grave del estado de derecho.