Auditoría de Cobre Panamá detecta riesgo de drenaje ácido y MICI ordena remoción

El Gobierno autorizará en las próximas horas la remoción de unas 130 mil toneladas de concentrado almacenado en Donoso
  • lunes 06 de abril de 2026 - 2:22 PM

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) se encuentra en la fase final para emitir la resolución que permitirá la remoción del material acumulado en la mina Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, en medio de nuevas alertas técnicas sobre riesgos ambientales.

El titular de la cartera, Julio Moltó, confirmó que el documento será tramitado entre este lunes y martes, habilitando a la empresa a iniciar la extracción, procesamiento y traslado del concentrado fuera del país.

“Ya estamos para dar el paso. Entre hoy y mañana debemos generar la resolución que permita que la compañía pueda iniciar a remover este material”, afirmó.

Riesgo ambiental impulsa decisión

La medida responde a informes técnicos y a solicitudes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que advierten sobre los riesgos asociados al material almacenado.

En la mina permanecen unas 130 mil toneladas de concentrado de cobre, valoradas en aproximadamente 250 millones de dólares. Según el MICI, se trata de material de menor calidad (“stockpile”), cuyo almacenamiento prolongado podría generar impactos negativos.

Auditoría supera el 84% de avance

El contexto de la decisión se refuerza con los resultados del quinto informe de la auditoría integral al proyecto, que reporta un avance de 84,83% —aunque MiAmbiente lo sitúa en 88,84%— y confirma que el proceso aún no ha concluido.

El documento señala que solo 147 de 370 compromisos ambientales han sido analizados, mientras 223 permanecen pendientes de validación e incorporación documental.

El informe final, previsto para mayo, incluirá la matriz de hallazgos, riesgos y conclusiones definitivas.

Alerta por drenaje ácido de rocas

Uno de los hallazgos más sensibles es la advertencia sobre el riesgo de drenaje ácido de rocas (DAR).

La auditoría detectó material de mediana y baja ley expuesto al aire y al agua, lo que podría generar reacciones químicas que eleven la concentración de metales en aguas superficiales y subterráneas.

El informe recomienda como medidas la remoción oportuna del material, su procesamiento y la implementación de mecanismos de control y neutralización.

En esa línea, MiAmbiente ha insistido en la urgencia de retirar y procesar el material como parte del Plan de Preservación y Gestión Segura.

Fallas en biodiversidad y reforestación

El informe también identifica debilidades en los programas ambientales.

En biodiversidad, señala que las acciones de reforestación y rescate de flora se han ejecutado de forma fragmentada, sin una estrategia integral que garantice la conservación del ecosistema.

Además, no se evidencian indicadores claros sobre conectividad ecológica, recuperación de ecosistemas ni estabilidad de especies.

En reforestación y educación ambiental, se detecta falta de planificación estructurada, criterios homogéneos y mecanismos de seguimiento.

Vacíos en transparencia y área social

Otro hallazgo relevante apunta a la falta de publicación formal de reportes anuales de monitoreo socioambiental, lo que limita el cumplimiento del compromiso de transparencia.

En el componente social, aunque se reconocen acciones puntuales y coordinación institucional, la auditoría indica que los planes de compensación no han sido implementados completamente.

Decisión clave para el futuro de la mina

La auditoría integral es uno de los insumos clave para que el Gobierno defina el futuro del proyecto, cuya concesión permanece suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato.

El informe final deberá presentar resultados consolidados, clasificar los niveles de cumplimiento y ofrecer una base técnica para la toma de decisiones estratégicas del Estado.