ASEP recaudó $10 millones en tasa para el soterramiento

Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera un fallo que declara ilegal el cobro del 0.5% para financiar el soterramiento
  • miércoles 20 de enero de 2016 - 12:00 AM

RECAUDACIÓN

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordenará a las empresas de telecomunicaciones suspender el cobro de la tasa que se cobra a los clientes para sufragar el proyecto de soterramiento de cables.

Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera un fallo que declara ilegal el cobro del 0.5% para financiar el soterramiento del sistema de cableado en el territorio nacional.

Roberto Meana Meléndez, administrador de la ASEP, indicó que ‘como entidad respetuosa de las leyes', la ASEP dará curso al fallo de la CSJ una vez se publique en la Gaceta Oficial.

Reveló que desde que la Ley 15 de 26 de abril de 2012 entró en vigencia, hasta noviembre del 2015, se recaudaron $10.1 millones de los cuales ya fueron utilizados $1.5 para realizar el soterramiento de cables en el sector de telecomunicaciones.

La ASEP indicó que durante el régimen tarifario del periodo comprendido entre el 2010-2014 aprobó a la empresa distribuidora Edemet la ejecución del proyecto de soterrado por un valor de $18.8 millones para los cables eléctricos del área bancaria.

‘La acción de la CSJ dejará sin efecto la Resolución AN No.5490-Telco de 1 de agosto de 2012, que establece el procedimiento de facturación y cobro mensual de la tasa para cubrir los costos del soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada', resaltó.

El fallo de la CSJ resalta que la tasa impone un gravamen tanto a los usuarios que forman parte de las ‘áreas definidas a soterrar', , como a los que están fuera del plan, generando ‘desigualdad', pues no todos se beneficiarían con el soterramiento.

El fallo, fechado el 8 de se ptiembre de 2015, fue dado a conocer el viernes 15 de enero, luego de que el abogado Ernesto Cedeño interpusiera una demanda por inconstitucionalidad ante la CSJ.

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