El proyecto de ley No. 235 de 2025, promovido por el diputado Jairo Salazar, que propone una amnistía general para individuos condenados o bajo investigación en casos de gran notoriedad que han impactado a esta nación durante más de diez años, es rechazado categóricamente por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), al considerar que esta propuesta atenta gravemente contra el Estado de Derecho y representa una seria amenaza para la institucionalidad democrática del país.

La organización señala a través de un comunicado que este anteproyecto, respaldado por legisladores de diversas agrupaciones, infringe de manera evidente la Constitución Política de Panamá, al buscar la anulación de las penas y la liberación inmediata de todos los implicados, bajo el inaceptable intento de clasificar estos actos de corrupción como delitos de carácter político, transgrediendo tanto el marco legal nacional como el internacional.

“Permitir que exfuncionarios condenados por corrupción eviten sus castigos transmite un mensaje devastador de impunidad y socava la confianza pública en las instituciones”.

APEDE hace un llamado urgente a todos los legisladores a actuar con responsabilidad y ética, recordándoles que su elección fue para servir al interés público y salvaguardar la Constitución. Aprobar este proyecto constituiría un retroceso en la lucha contra la corrupción y un desprecio hacia el esfuerzo colectivo por edificar un país más equitativo y transparente.

Reitera el compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y la transparencia en la administración pública. Además, hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada, alerta y activa en la defensa de la Constitución.