Dos días después de que el presidente José Raúl Mulino advirtiera que no permitiría que el dirigente Francisco Smith ni los educadores “secuestraran” la provincia de Bocas del Toro, el Gobierno ejecutó ayer la Operación Omega: una intervención directa iniciada a las 6:00 a.m. para poner fin a los bloqueos en las calles.

Los residentes de Bocas del Toro han estado sumidos en estos bloqueos desde el 28 de abril, en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). Esto ocurre a pesar del acuerdo firmado el miércoles entre dirigentes del sector bananero y el jefe de bancada de la Asamblea Nacional, así como de la reciente aprobación en tercer debate de la Ley 45, que crea un régimen especial para los trabajadores bananeros.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, al menos 20 puntos seguían bloqueados. Los manifestantes, encabezados por educadores, miembros de la comunidad e indígenas, se resistían a despejar las vías. Como resultado, unidades antimotines fueron desplegadas para restablecer el libre tránsito. En medio de los enfrentamientos, se reportaron personas heridas.

La operación fue criticada por la presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, Elena Cruz, quien denunció que su pueblo había sido atacado tanto por aire como por tierra “por defender sus derechos”.

“Esto es injusto. Mi pueblo ha sido oprimido”, señaló Cruz, responsabilizando directamente al presidente Mulino, al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Durante los disturbios, también resultaron heridos dos periodistas: Horacio Trottman, de Sertv, y Pedro Batista, de Telemetro.

Las autoridades, por su parte, decomisaron machetes, botellas, lanzas artesanales y otros objetos utilizados por los manifestantes para bloquear el paso y enfrentar a las fuerzas del orden.

Además, se reportaron afectaciones en las telecomunicaciones y el suministro de energía eléctrica en varias zonas de la provincia. Esto ha interrumpido la comunicación entre Bocas del Toro y Chiriquí, mientras que los bloqueos impiden a las empresas restablecer los servicios afectados.

Por otro lado, la Autoridad Marítima de Panamá impuso una restricción temporal para el ingreso de embarcaciones particulares a las zonas de Almirante y Chiriquí Grande.

La situación en Bocas del Toro sigue deteriorándose. Desde el 27 de abril, la provincia se encuentra bajo estado de emergencia, y desde el pasado viernes rige un toque de queda.

El impacto económico ha sido significativo. La empresa Panama Chiquita anunció el cese de operaciones, dejando sin empleo a 4,800 trabajadores y reportando pérdidas superiores a los 75 millones de dólares.

Mientras tanto, los manifestantes siguen exigiendo la derogación de la Ley 462, aprobada el 18 de marzo. El Ejecutivo, por su parte, ha insistido en que no habrá diálogo sobre esta norma.