Todo indica, según puede inferirse de las declaraciones del director Dino Mon, que hay atisbos de sensatez y que el proyecto de Ley 163 quedará para ser discutido en las sesiones ordinarias que deben arrancar el 2 de enero de 2025; pero sería oportuno y conveniente que, cuanto antes mejor, así sea confirmado por una declaración oficial del Órgano Ejecutivo.
El proyecto de marras, como quedó demostrado desde el instante mismo en que fue hecho público, nunca tuvo posibilidades de prosperar. Las razones fueron varias, comenzando porque fue un producto desnaturalizado por su orfandad de una paternidad, consultada y consensuada.
Después del rechazo, casi unánime, expresado antes y durante las consultas, en buena hora convocadas por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, se hizo evidente que “el horno no estaba para bollos”. Lamentable, por tanto, fue que, a pesar de esos signos y avisos tan evidentes, desde las esferas oficiales, en lugar de reconocer la debilidad de su posición, que aconsejaban prudencia, todavía se insistiera en las bravatas, en las declaraciones inoportunas cuestionando la independencia del Órgano Legislativo y violando el principio constitucional de la separación de los poderes públicos y hasta en las amenazas apocalípticas que, aparte de incrementar el rechazo al proyecto 163, afectaron negativamente la imagen y el endeble piso político del gobierno.
Para corregir el rumbo suicida que llevaba el gobierno, apunta como buen indicio que el director Mon, suponemos que como “avanzado autorizado”, haya manifestado que hay disposición para un debate abierto, sin precondiciones ni amenazas, para construir consensos y que, además, haya asegurado que las pensiones se seguirán pagando sin interrupciones; pero, en sentido contrario, no lo es que el ministro de Salud siga tratando de fijar pautas para la integración de servicios entre el ministerio y la Caja de Seguro Social, que es un tema que, por sus muy complicadas aristas, está muy lejos de ser viable.
Para evitar que las cosas vuelvan a descarrillarse, lo conveniente y práctico es que el propio presidente instruya a observar un “silencio táctico”, tanto a sus ministros como al director Mon y que sea él quien defina la estrategia que seguirá el gobierno, comenzando por ratificar: 1) que no se afectará el pago de las pensiones 2) que en el Presupuesto se incluirán las sumas necesarias para dotar de liquidez temporal al IVM y 3) que el debate del proyecto, sin precondiciones, se trasladará para las sesiones ordinarias.
