Los puertos de Balboa y Cristóbal, que son propiedad del Estado panameño fueron otorgados “en concesión”
Hechas públicas las advertencias sobre la concesión y manejo de los puertos terminales del Canal de Panamá, no transcurrieron muchos días para que trascendiera que el consorcio hongkonés Hutchinson Ports, negociaba la venta de “sus derechos” y, además que, casi a seguidas, se conociera que el comprador sería el conglomerado financiero Black Rock.
Los puertos de Balboa y Cristóbal, que son propiedad del Estado panameño fueron otorgados “en concesión” a Hutchinson Ports, por 20 años, prorrogables, por la administración Pérez B., en el año 1997, en condiciones absolutamente desventajosas para Panamá.
La prórroga estaba condicionada a varios requisitos que debían ser expresamente cumplidos por la concesionaria, pero sin que mediara una declaración que así lo confirmara y, a pesar de sus injustas y desventajosas condiciones, inexplicablemente, fue prorrogada por otros 20 años en el 2017, cuando esa coyuntura debió haberse aprovechado para renegociar términos más equitativos y salvaguardar y proteger los intereses nacionales, cumpliendo con la exigencia constitucional.
Por decisión de la Contraloría está en curso una “auditoria integral”, que todo presagia que culminara demostrando el comportamiento abusivo y ventajista de la empresa concesionaria y la permisividad de nuestras autoridades, tanto para aprobar la concesión original como su prórroga. Además, han sido promovidas acciones legales para demandar la inconstitucionalidad de la concesión y su prórroga que, vistas bajo el prisma de lo que ocurrió con la concesión minera, muy bien podrían tener un desenlace y consecuencias similares.Y, a la par, siguen divulgándose diferentes versiones sobre la venta de nuestros puertos, en las que nuestro país parece no tener ni arte ni parte, cuando debiera ser todo lo contrario, pues su eventual traspaso debe ser ratificado por Panamá, por su condición de propietario y otorgante de la concesión.
Nuestro gobierno, en representación del Estado, propietario titular de los puertos no debe marginarse de las transacciones que los afectarían por ser un patrimonio nacional, de cuya custodia es responsable. Su deber es exigir que cualquier operación que pudiera comprometerlos le sea informada hasta el último detalle; pero además debe exigir que cualquier eventual venta o traspaso de la concesión se haga separada de cualquier otra operación con la que Hutchinson Ports pretenda negociar otros activos bajo su control que no tienen nada que ver con la concesión que les fue otorgada por Panamá.
