El líder del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, presentó este lunes una demanda de inconstitucionalidad en contra de las decisiones del presidente José Raúl Mulino, a quien le imputa la infracción del veredicto unánime de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegítimo el acuerdo entre el Estado de Panamá y Minera Panamá.

Lombana manifestó que el presidente ha desatendido lo estipulado por el alto tribunal nacional, al permitir el procesamiento del material mineral que está en el lugar, a pesar de que no hay un contrato o concesión vigente con la empresa. “El propio presidente admitió en una rueda de prensa el 13 de marzo que está en conversaciones con la empresa y que ha dado órdenes para que el material procesado sea tratado y se reembolse a Panamá”, indicó.

“Parece que él (Mulino) no considera a los nueve magistrados necesarios, ya que pasa por alto su autoridad”, advirtió Lombana, quien caracterizó estas acciones como una violación directa al fallo de la Corte que declara la inconstitucionalidad de la ley 406 del 20 de octubre de 2023, así como al Estado de Derecho.

“Hoy me presento como un ciudadano preocupado, junto a un grupo de panameños, porque la ley, la justicia y las instituciones están siendo menospreciadas por declaraciones y acciones impulsadas por quien prometió respetarlas. No puede ser que tengamos un presidente que gobierne a través de ruedas de prensa y emita órdenes verbales en flagrante violación a la ley”, señaló.

Lombana recordó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia afirma que “la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las generaciones futuras tiene prioridad sobre cualquier derecho económico, incluyendo el derecho a la inversión”.

Además, cuestionó la intención de presentar la reapertura de la mina como la única y urgente solución económica. “No han demostrado la voluntad ni la creatividad para reactivar la economía y ahora quieren manipular a la gente con la historia de que la mina salvará al país. Todos sabemos que los grandes negocios siempre han beneficiado a unos pocos. ¿Qué nos garantiza que esta vez será distinto? ”, concluyó.

El fallo de inconstitucionalidad del contrato minero y la ley de moratoria minera surgieron tras más de un mes de intensas protestas en el país que movilizaron a miles de personas en las calles, además de provocar enfrentamientos violentos y trágicas pérdidas humanas.