Cada gobierno tiene sus formas y trata de aplicarlas en función de sus propios intereses. Desde Guillermo Endara, Panamá no había tenido un presidente abogado ni mucho menos uno tan versado en la materia como José Raúl Mulino, quién además de ser abogado, también presidió dos partidos políticos durante una amplia trayectoria en el juego y rejuego de la política criolla.
Un experto en leyes para administrar la cosa pública, ya que, si de leyes se trata, nada mejor que un político. Al fin y al cabo, son los políticos los que mejor acceso tienen a los cargos que crean y administran las normas legales de un país, o en todo caso, son los que designan a quienes imparten las leyes.
Por ser Panamá un país presidencialista, nadie duda que el presidente es quién manda, esto, a pesar de la existencia de los tres órganos del Estado, que en teoría rigen la constitución política del país.
El método de poner en manos de la justicia todos los asuntos, no es más que el deber ser; sin embargo, jamás se debe perder de vista que se ha heredado un sistema político malformado e impune, producto de las negociaciones políticas surgidas en casa asalto al poder político del Estado y de su presupuesto.
Las cuotas de poder no solo se negocian, sino también se acuerdan en el statu quo, delimitando el turno de cada quién, mientras los actores económicos acuerdan cuales de sus miembros se embarran en la administración pública para garantizar la custodia de determinados intereses, a través de modelos, concesiones y condiciones a la medida.
Desde la administración del Estado se impone un modelo de judicialización para enfrentar las disputas políticas y sociales que interfieren con la agenda pública; misma que imitan los sectores afines al gobierno de turno en cuanto a ideología y modelo económico. Ahora vemos como algunas empresas privadas comienzan a copiar estas formas para neutralizar a sus detractores sociales, a través del poder judicial.
Periodista
