Hace unas semanas estaba escuchando que las autoridades panameñas andan con todo queriendo convertir la venta de chances clandestinos en un delito grave hasta de ocho a 15 años de cárcel, que fue lo que vi en las noticias, donde proponen meterle a quien se atreva a vender un chance fuera del sistema oficial. Argumentan que esta práctica le quita plata al Estado y perjudica a los billeteros formales. Hasta ahí, todo suena justo.
Pero vamos a hablar claro: ¿y los billetes casados qué? Todo panameño que haya comprado lotería alguna vez sabe que eso es pan de cada día. Vas por tu número, todo feliz, y el billetero te sale con la típica: “Ese viene casado con este otro...”
Y si no lo quieres, mala suerte, no te lo venden suelto, entonces te obligan a comprar dos, a veces hasta tres numeritos, aunque tú solo quieras uno. Esa jugada, aunque es más común que un aguacero en octubre, es completamente ilegal. Lo dice la Ley 45 de 2007, clarito como el agua, no se puede vender un producto condicionado a otro.
Entonces la pregunta es sencilla pero poderosa: ¿Por qué el Estado quiere castigar con cárcel al vendedor clandestino, pero no toma acciones reales contra los abusos que ocurren en su propia institución?Lo irónico de todo esto es que mientras el gobierno lanza discursos sobre combatir la ilegalidad y proteger al pueblo, pero, toleran dentro de su propia casa una práctica que también es ilegal y abusiva. ¿Eso no es doble moral?
