Chalecos antibalas, licitaciones y otros actos públicos

Se conoció, la semana pasada, que un policía nacional con su chaleco antibalas, fue impactado de bala por infiltrados en las manifestaciones populares de Colón. Preocupante de una institución que gasta millones de dólares en equipo, seguridad, armas, uniformes, actividades y utensilios propios para su actuar.

Alarmante, toda vez que un chaleco antibalas debe impedir ser impactado en el área que cubre. Increíble que pudiera traspasar el chaleco, no obstante, es la información que se maneja en los medios.

Toda licitación o acto público debe realizarse una vez se tomen en cuenta todas las condiciones y necesidades de ese instrumento, equipo o servicio, de lo contrario se atenta contra el patrimonio público. Máximo cuando de seguridad pública o de salud se trate.

Un chaleco antibalas tiene que cumplir características especiales, que la institución a través del pliego de cargos y evaluaciones técnicas califica o descalifica. En consecuencia: ¿Cómo se adquirieron esos chalecos antibalas? ¿Qué indicaba el pliego de cargos? ¿Quiénes hicieron la evaluación técnica? ¿Cuál fue la cantidad de chalecos y el monto individual de cada uno? ¿Cuál la empresa proveedora?

Situación similar pudiera suceder en las entidades de salud con la compra de suministros (medicamentos, materiales, insumos o instrumentos quirúrgicos), porque existen pocas empresas proveedoras al MINSA y CSS.

Medicamentos que pudieran recibirse con poco tiempo para su caducidad o adquirirlos a precios de mercado, mediante el “afanado” mecanismo de  compras por desabastecimiento, debilitando aún más las finanzas de la CSS; inclusive la compra de instrumentos especiales para pacientes, sin que se prevean auditorias objetivas y en tiempo perentorio.

Las auditorías son necesarias y obligatorias, sin encubrimiento. Nuestras leyes zigzagueantes limitan el uso más adecuado de los recursos y por ello la economía del País va en picada.

La represión a un pueblo que clama por empleo, alimentos, salud, educación y medicamentos pudiera considerarse criminal, máxime si el presupuesto estuviera utilizándose políticamente para beneficios particulares, incluyendo la creación innecesaria de alcaldías y corregimientos. Dios te salve, Panamá.

Economista, educador, humanista.