La inédita persecución judicial que intentó derribar al presidente electo de Guatemala

La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, ha protagonizado una encarnizada batalla desde julio pasado para derribar al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien ya advirtió que pedirá personalmente su renuncia tras tomar posesión el próximo domingo.

Durante los últimos cuatro meses, Porras Argueta, junto a su secretario general Ángel Pineda y un grupo de fiscales, lanzó varias embestidas penales, cuyo objetivo era anular la sorpresiva victoria electoral obtenida por Arévalo de León, del partido progresista Movimiento Semilla.

El presidente electo triunfó en los comicios del 25 de junio y la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023 contra los pronósticos que ponían a políticos tradicionales como favoritos y en medio de un proceso electoral marcado por la exclusión de candidatos incómodos.

Ante el inesperado resultado, Porras Argueta se convirtió en la antagonista de las elecciones, intentando primero cancelar al Movimiento Semilla por supuestas anomalías en su creación, en 2018.

Posteriormente, la Fiscalía buscó deslegitimar los resultados electorales, secuestrando documentos de los comicios, realizando un recuento de votos y señalando de diversos delitos a los titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La batalla de la Fiscalía contra Arévalo de León incluyó dos solicitudes de retiro de antejuicio en su contra y una orden de captura contra una de las integrantes de su partido, quien se encuentra exiliada fuera del país.

La semana pasada Arévalo de León confirmó a EFE durante una entrevista que al tomar posesión el 14 de enero solicitará la renuncia de Porras Argueta.

Las acciones de Porras Argueta provocaron críticas de diversos actores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Estados Unidos, quienes calificaron esta situación como un intento por "socavar la democracia".

El último intento de la Fiscalía

La Fiscalía calificó de "injerencia" los pronunciamientos internacionales sobre sus acciones y pese a la presión ciudadana en multitudinarias manifestaciones no detuvo sus intentos por anular los comicios.

El 8 de diciembre de 2023, El Ministerio Público lanzó su último ataque, cuando solicitó anular la victoria de Arévalo de León por supuestas "ilegalidades" en la oficialización de los resultados electorales del 25 de junio.

El caso penal presentado por los altos mandos de la Fiscalía, en ausencia de Porras Argueta, quien no aparece públicamente desde septiembre de 2023, tiene muchas inconsistencias, de acuerdo con diversos expertos.

Pese a los intentos por tumbar la investidura de Arévalo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ordenó recientemente "garantizar" el cambio de mando entre Arévalo de León y su antecesor, Alejandro Giammattei.

Porras Argueta, de 70 años, asumió la dirección del Ministerio Público en 2018 y en 2021 fue sancionada por Estados Unidos, acusada de socavar procesos de investigación de casos de corrupción de alto nivel, así como debilitar la institucionalidad de la Fiscalía.

A cuatro días de la investidura de Arévalo de León, no se descarta que la Fiscalía y otros actores ligados del sistema judicial, así como a partidos políticos tradicionales, intenten evitar que tome posesión para el periodo 2024-2028.

Debido a esta situación, diversas autoridades indígenas de toda Guatemala se han plantado, durante más de 100 días, frente a la sede central del Ministerio Público, como medida de presión para exigir la renuncia de Porras Argueta y respeto al resultado electoral.

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