El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Edgar Ariel Naterón, aceptó la formulación de imputación de cargos contra diez personas acusadas de presuntos delitos contra la seguridad colectiva, en las modalidades de reunión, conspiración y venta de sustancias ilícitas.

En la audiencia realizada los días 8 y 9 de abril, el juez, tras escuchar y valorar los argumentos de las partes involucradas, dictó la medida cautelar de detención provisional para nueve de los imputados, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos investigados y los riesgos procesales asociados, como el peligro de fuga, la posible alteración de pruebas y el riesgo para la comunidad debido a la gravedad de los delitos.

En cuanto al décimo imputado, y tras una solicitud conjunta de su defensa y del Ministerio Público, el juez validó un acuerdo de pena y dictó la sentencia condenatoria N.° 625. En virtud de este acuerdo, se impuso una pena de 80 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva, además de la pena accesoria de un comiso de B/. 230.00 a favor del Tesoro Nacional.

Antes de dictar las medidas cautelares y validar el acuerdo de pena, el juez legalizó la aprehensión de los diez imputados.

La Fiscalía estuvo representada por el fiscal especializado en delitos relacionados con drogas, Julio Cámpines, mientras que la defensa legal estuvo a cargo de siete abogados privados y dos defensores del Instituto de la Defensa Pública.

Las defensas anunciaron su intención de apelar la medida cautelar de detención provisional. La audiencia para resolver este recurso se llevará a cabo el 6 de mayo a las 8:30 a.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

La investigación que dio origen a este proceso se inició el 5 de enero de 2025, y está vinculada a un grupo de individuos que presuntamente se dedicaban al microtráfico de drogas en la Calle 11 y Media, ubicada en el corregimiento de Río Abajo.