UNACHI: en plena tormenta, sustenta el presupuesto de 2027

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) movió rápidamente sus piezas tras la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. Apenas horas después de conocerse su salida del cargo, la institución anunció que una delegación de alto nivel se encuentra realizando gestiones para garantizar la estabilidad financiera de la casa de estudios.

Según un comunicado oficial divulgado hoy, la vicerrectora administrativa, Rosa A. Moreno, junto con la directora de Planificación, Iris Fuentes, y la profesora Sugeli Castillo, sustentan ante la Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena) la vigencia presupuestaria correspondiente al año 2027.

Las autoridades universitarias también sostendrán reuniones con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para abordar temas relacionados con el pago de acreedores y el cumplimiento de las obligaciones con la Caja de Seguro Social (CSS).

El mensaje institucional busca enviar una señal de tranquilidad en medio de la tormenta que atraviesa la universidad. “Para tranquilidad de toda la comunidad universitaria, se confirma que el funcionamiento académico y administrativo de la Unachi continuará su recorrido con normalidad”, destacó la entidad.

La renuncia de Medianero de Bonagas se produjo un día después de que el Ministerio de Educación (Meduca) anunciara la presentación de denuncias ante el Ministerio Público (MP) por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Además, la ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió públicamente a la situación administrativa de la universidad, mientras que el Meduca remitió documentación al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República para que se realicen las investigaciones y trámites correspondientes.

A esto se suma que la Contraloría informó el pasado 26 de mayo que el inicio de una auditoría forense en la Unachi tras detectarse presuntas irregularidades en el manejo de descuentos aplicados a trabajadores universitarios, los cuales no habrían sido transferidos de forma oportuna a las entidades correspondientes.