Crisis penitenciaria: renuncia, relevo y denuncias alarmantes

Entre renuncias, cuestionamientos, denuncias por falta de alimentos y atención médica, y la presunta muerte de al menos 10 privados de libertad en menos de dos meses, las cárceles del país están en el ojo del huracán.

En medio de este panorama, Chanan Singh anunció su renuncia como director del Sistema Penitenciario. La decisión fue confirmada posteriormente por el Ministerio de Gobierno, que señaló que obedecía a motivos personales y agradeció sus servicios.

Pero antes de dejar el cargo, Singh, quien llevaba apenas cuatro meses al frente de la institución, hizo declaraciones que abrieron nuevos interrogantes sobre lo que ocurre tras los barrotes. El funcionario aseguró que había solicitado la salida de los miembros de la Policía Nacional (PN) del interior de los centros penitenciarios, pues considera que su presencia allí no corresponde a lo establecido en la ley.

Incluso reveló que en el sector C de uno de los penales permanecen 260 privados de libertad sin clasificar y que ni siquiera él ha podido ingresar a ese pabellón. “Nadie sabe qué pasa, ni yo he podido entrar”, manifestó, sin precisar a qué centro penitenciario se refería.

Singh asumió las riendas del Sistema Penitenciario tras la salida de Jorge Torregroza, luego de la fuga masiva de privados de libertad de La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio.

Tras su renuncia, el Ministerio de Gobierno movió rápidamente sus fichas y designó a Fabián Camargo, quien se desempeñaba como subdirector, como nuevo director general encargado del Sistema Penitenciario, con la misión de dar continuidad a la gestión.

Sin embargo, el relevo llega en medio de graves denuncias. Unas 17 organizaciones de derechos humanos exigieron explicaciones por la muerte de al menos 10 privados de libertad en los últimos dos meses y pidieron separar de sus cargos a los responsables de los centros penitenciarios Nueva Esperanza, La Joya y La Joyita.

En un comunicado fechado el 11 de noviembre y titulado “Alerta nacional e internacional ante la muerte de al menos 10 privados de libertad en cárceles panameñas”, las organizaciones denunciaron una presunta hambruna y falta de atención médica oportuna en los penales. También reiteraron que desde junio se habría prohibido el ingreso de alimentos por parte de los familiares, lo que habría dejado a los reclusos dependiendo exclusivamente de las raciones del Estado, que calificaron de drásticamente insuficientes.

Las organizaciones también exigieron a la ministra Dinoska Montalvo aclarar la cifra oficial de fallecidos y explicar qué medidas se tomarán, además de investigar posibles responsabilidades.