‘Panamá tiene una agenda pendiente con el narcotráfico’

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), al año se producen unas 1,000 toneladas de cocaína en la región andina. La mayor parte se da en Perú, Colombia y Bolivia. Unas 450 toneladas se envían al mercado de Estados Unidos, otras 250 van a Europa y 170 toneladas son decomisadas en los propios países productores.

A inicio del año 2000, de las 450 toneladas que van al mercado de Estados Unidos, el 90% pasa por el corredor Centroamérica-México. La situación se agrava luego de que los carteles mexicanos le arrebataron las rutas a sus pares colombianos. Frente a esta realidad, el diario El Siglo conversó con Juan Carlos Garzón Vergara, catedrático colombiano y especialista en teoría y resolución de conflictos armados. Garzón, quien participó en un foro de seguridad ciudadana en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, cree que el país tiene varios retos por delante para frenar la industria de la droga que cada día gana terreno.

El Siglo (ES): ¿Cómo afecta a Centroamérica la guerra que libran los carteles mexicanos?

Juan Carlos Garzón (JCG) : Cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, decidió enfrentar el narcotráfico, sucedió lo que un profesor llamó ‘el efecto cucaracha’. Que no es otra cosa que al fijar las miradas sobre ellos, buscaron nuevas rutas . Del otro lado, en Colombia, también se dispusieron a combatir a los narcos, esta situación ha provocado que Panamá y Centroamérica queden como un sándwich, en el medio de la disputa.

ES: ¿Cuáles podrían ser los cambios a futuro?

JCG: Aunque la cocaína sigue fluyendo a Estados Unidos, pero el consumo está disminuyendo. La tendencia es que la cocaína se vaya a Europa y a los mercados locales en las ciudades de América Latina y esto puede afectar a Panamá a mediano plazo.

ES: ¿Cree que las bandas locales se están asociando a los carteles mexicanos?

JCG: Hay una tendencia en la región a que las organizaciones del crimen organizado usen o establezcan vínculos con las organizaciones locales. Pero hay que tener cuidado con esta apreciación, porque estos vínculos tienen como objetivo tener una presencia territorial, para poder manejar corredores, pero esto no significa que todas las pandillas sean un potencial cartel.

ES: ¿Cuál es la política de seguridad que debe prevalecer en la región?

JCG: El crimen organizado se fortalece de las vulnerabilidades locales. El narcotráfico opera de manera cómoda donde no hay un sistema financiero regulado, donde hay corrupción, donde hay posibilidades de hacer transacciones informales. Panamá tiene una agenda pendiente con el tema del crimen organizado. El narcotráfico puede que no opere con los niveles de violencia que se da en otros lugares, pero ya Panamá ha visto señales de advertencia de lo que puede suceder si se da una influencia más visible. Eso sin hablar del tema del lavado de activos y la implicación que tiene esto para el país y la forma que se desarrolla el comercio .

ES: ¿Cuáles son esas agendas pendientes que tiene Panamá?

JCG: Se necesita decisión política para enfrentar este tema. En el mediano plazo Panamá tiene una agenda importante para enfrentar el lavado de activos. Hay que tener la capacidad de investigación contra el crimen organizado. También hay que fortalecer el Ministerio Público y hay que trazar una buena ley contra el crimen organizado.

ES: ¿Cree en la mano dura, como mecanismo para enfrentar el narcotráfico?

JCG: Yo rechazo la mano dura. No solamente por una posición ética, sino porque no es efectiva. La mano dura se ha mostrado ineficiente, incluso en algunos lugares ha agravado el problema. El uso de la fuerza tiene que ser disuasivo, selectivo e inteligente. El uso de las fuerzas cuando es desmedido es ineficiente.

ES: ¿Cuál es la perspectiva a futuro?

JCG: Se está dando fragmentación de las estructuras del narcotráfico. Esto ha ocasionado una economía plural donde hay más participantes. Hay una preocupación en el surgimiento de mercados locales. El corredor del Caribe se va a volver a abrir y las perspectivas no son muy alentadoras en la región.

ES: ¿Está de acuerdo con que un ciudadano esté armado?

JCG: Los ciudadanos no deberían tener armas. No hay una garantía de que portar un arma le dé seguridad a una persona. Esa acción ideada de que un ciudadano se puede proteger con un arma es una visión que en la realidad no funciona.