Ante el incremento de los ciberdelitos a nivel mundial, una realidad de la que Panamá no está exenta, el país ha decidido reforzar su marco jurídico para combatir este tipo de criminalidad.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 478 del 4 de agosto de 2025, que modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015 sobre asistencia jurídica internacional en materia penal, además de establecer nuevas disposiciones enfocadas en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Según el Gobierno Nacional, esta ley fortalece el marco legal panameño y lo alinea con las normativas internacionales más recientes en materia de delitos informáticos, mejorando así la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.

El proyecto fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el 9 de octubre de 2024 y remitido al Órgano Ejecutivo el 11 del mismo mes. No obstante, el presidente Mulino devolvió el texto a la Asamblea el 27 de noviembre, al considerar algunos artículos como inconvenientes e inexequibles. Las objeciones fueron acogidas, y se procedió a modificar la redacción de los artículos 7, 12 y 16.

Con el cambio el artículo 7, que establece penas de cinco a diez años de prisión por el delito de suplantación de identidad con fines ilícitos, utilizando datos informáticos, bases de datos, sistemas electrónicos, o adquiriendo dicha información por cualquier medio. De esta forma, se equipara esta pena con la prevista en el artículo 221 del Código Penal, que regula la usurpación de identidad con fines de beneficio.

Mientras que en caso del artículo 12, establece penas de dos a cuatro años de prisión por la creación, distribución y comercialización de contenidos y programas informáticos con el fin de cometer delitos contra la intimidad, ahora excluye del tipo penal las actividades lícitas relacionadas con la ciberseguridad, “hacking” ético, análisis forenses y otras cuyo fin no sea incurrir en los delitos previstos en el Código Penal.

Según cifras oficiales, las autoridades panameñas reportaron un incremento del 74 % en los ciberdelitos registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, lo que evidencia la creciente amenaza que representa este tipo de criminalidad en el país.

En este contexto, también se anunció que Panamá se adhiere al Convenio Iberoamericano contra la Ciberdelincuencia; esto con el fin de reforzar la cooperación entre países para la adopción de medidas que ayuden al combate contra este tipo de delitos.