Los ocho imputados por el caso de tráfico de armas seguirán con las medidas cautelares impuestas
El 14 de julio fueron aprehendidas 19 personas, entre los que se encuentran exfuncionarios de los estamentos de seguridad y civiles
- viernes 24 de julio de 2020 - 11:18 AM
Los ocho imputados por el delito de posesión, tráfico de armas y explosivos, aprehendidos en operación Furia, se mantendrán con las medidas cautelares impuestas en primera instancia por un Juez de Garantías, según decisión del Tribunal de Apelaciones, informó el Ministerio Público (MP) en su cuenta de Twitter.
En un comunicado del Órgano Judicial destacan que los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, resolvieron los cincos recursos solicitados por las Defensas Técnicas Particulares y negaron la solicitud de cambio de medidas cautelares, al considerar que no les asiste razón a los defensores en los recursos presentados.
Mientras que al momento de entrar a analizar la solicitud de apelación presentada por el MP, la decisión de los magistrados se basó en que la Fiscalía no logró sustentar la magnitud, ni la gravedad del riesgo de afectación de medios de prueba a efectos de obtener el cambio de la medida cautelar de retención domiciliaria por la de detención provisional, así como que dicho riesgo se ve salvaguardado por las medidas que fueron impuestas en primera instancia.
La decisión del Juez de Garantías, Erick González fue apelada por el Fiscal Emeldo Márquez Pittí, al igual que por los Defensores Técnicos Particulares, licenciados Julio Macías, Marcela Araúz, Johan Barrios, Rosendo Miranda y Víctor Alvarado. Para esta audiencia virtual, también concurrieron los licenciados Gustavo Bailey, Luis Eduardo Camacho y Nicolás Brea.
El pasado 16 de julio de 2020, el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Erick González, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y retención domiciliaria a seis (6) ciudadanos, mientras que a otros dos (2) ciudadanos, se le impusieron las medidas de reporte periódico el primer y tercer jueves de cada mes y la prohibición de salida del país.
Este hecho tuvo su origen en 2019 y guarda relación con una investigación denominada “Operación Furia”, que realiza el Ministerio Público dentro de un presunto caso contra la Seguridad Colectiva.
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