Nueva ley obligará a destinar el 7% del PIB para educación

El 6% del Producto Interno Bruto (PBI) para educación es una deuda del Estado con el sistema educativo que en reiteradas ocasiones ha sido motivo de huelga de gremios magisteriales.

Este porcentaje está detallado en el artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación, pero según docentes, entre ellos Diógenes Sánchez, nunca se ha cumplido.

Ahora, el gobierno busca resarcir esa falla con la aprobación de la Ley 362 de 2 de febrero de 2023, que modifica un artículo de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Esta colgada en Gaceta Oficial el pasado jueves y docentes están vigilante de su fiel cumplimiento.

La nueva ley establece que el gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al 6% del PIB del año anterior hasta el año 2023, conforme a lo calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia en la aplicación del presupuesto anual.

Mientras que a partir de 2024, el gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior a 7% del Producto Interno Bruto, correspondiéndole exclusivamente el 5.5 % al Ministerio de Educación, a las universidades oficiales, al Instituto Panameño de Habilitación Especial y a los programas educativos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el restante de 1.5 % les corresponderá a los otros programas del sector educativo.

Para el dirigente de los docentes, Diógenes Sánchez ve con buenos ojos la nueva norma que fue discutida con ellos en la Asamblea Nacional, pero espera que no quede en letra muerta.

Explicó que la nueva norma busca que se reduzca la cantidad de instituciones a quienes se le debe dar el 7% del PIB destinado a educación y no como pasa actualmente que se distribuye entre 20 entidades que tendían programa de educación.

Por su parte, el exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizares, dijo que estas acciones deben realizarse al inicio del gobierno, no al final porque era un compromiso y estaba en el plan de gobierno que se entregó.

Agregó que participó en la confección y muy poco lo que estaba escrito se cumplió. ‘Me da gusto que se esté rectificando las toma de decisiones de políticas públicas, a pesar de que fue por presión de las huellas de los gremios', recalcó

Cañizales aclaró que el 1.5% para SENACYT sigue siendo bajo. ‘Está por debajo de la media de los países miembros de la OECD y los países que tienen buenas prácticas en investigación dedican el 2% del PIB a investigación. Este gobierno se comprometió a subirlo al 1%', advirtió.

El exfuncionario, además, añadió que ningún periodo presidencial ha cumplido y se dedica un porcentaje bajo comparado con el del resto de los países. Se encuentra en el puesto 143 de los 192 países que componen el ‘ranking'. En referencia al porcentaje que supone la inversión en educación al presupuesto gubernamental (gasto público), Panamá está en el puesto 151.

Cañizares ha resaltado que si se ejecutará con el 6% del PIB, se podría construir más escuelas, nombrar más profesores, ampliar los comedores escolares, facilitarles libros gratuitos, instalar laboratorio de ciencias e informática y hasta crear un ‘Observatorio de Educación'.

También permitiría ingresar al nuevo mundo de la educación con la transformación digital, se podrá perfeccionar la capacitación del personal docente de alto rendimiento. Permitiría desarrollar la nueva ciudadanía global con la nueva competencia de inteligencia digital lo que sería un salto cuántico a la educación.