La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional discute un proyecto que otorgaría al defensor del Pueblo los mismos privilegios que un magistrado del Órgano Judicial.

La información fue compartida por el diputado por la libre postulación, José Pérez Barboni, en su cuenta oficial de X. “Me encuentro en la Comisión de Gobierno y les comento que el Proyecto 164 de la Defensoría del Pueblo busca privilegios y promueve la falta de méritos. EJ: Articulo 11: Se sube el salario de $7,000 a $10,000 y se iguala los beneficios a los de un magistrado de la Corte Suprema”, tuiteó Barboni.

El actual defensor, Eduardo Leblanc, asumió el cargo en 2021 y lo ocupará hasta marzo de 2026. El puesto es nombrado por la Asamblea Nacional, tras un proceso de selección.

El proyecto de ley que se discute ahora mismo en la Comisión de Gobierno fue presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho.

Barboni cuestiona que con las reformas no se está solicitando experiencia en Derechos Humanos para ocupar el cargo y que para poder destituir al defensor se requeriría un informe en conjunto con la sociedad civil. “Presentaré modificaciones para detener esta pésima reforma que hace todo menos defender al panameño”, concluyó.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo señalaron que el proyecto se realizó luego de recomendaciones hechas por organismos internacionales, aunque mantuvieron reserva sobre puntos específicos que se están discutiendo en la Asamblea.

En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa se explica la necesidad de hacer cambios a la institución luego que se degradara su acreditación internacional.

“Considerando las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el cuarto informe periódico de Panamá de abril de 2023, que expresan preocupación por la rebaja a la categoría B de la Defensoría del Pueblo de Panamá, esta ley responde a las recomendaciones hechas por el Comité y pretende asegurar:

1) un procedimiento de destitución del Defensor del Pueblo que resguarde plenamente su independencia.

2) un proceso de nombramiento transparente y participativo, con la amplia participación de la sociedad civil.

3) garantizar la asignación de recursos financieros y humanos suficientes y estables para el cumplimiento efectivo de su mandato, en línea con los Principios de París”, señala el documento.