- sábado 21 de junio de 2025 - 12:00 AM
La crisis en Bocas del Toro ha alcanzado niveles alarmantes que obligaron al gobierno a decretar un estado de urgencia y aplicar el artículo 55 de la Constitución, suspendiendo garantías fundamentales por cinco días para restablecer el orden y la paz en la provincia.
Este artículo establece que “en caso de guerra exterior o perturbación interna que amenace la paz y el orden público, podrá declararse un estado de urgencia en toda la República o en parte de ella, y suspender parcial o totalmente los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución”.
Los artículos 21 al 23 garantizan derechos relacionados con la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio; los 26 y 27 aseguran el libre tránsito y residencia; el 29 protege contra detenciones arbitrarias; y los 37 y 38 amparan las libertades de pensamiento, expresión, reunión y asociación.
Esta medida se da luego de los actos de violencia y vandalismo que han sacudido la provincia desde abril, en medio de cierres de vías y manifestaciones en rechazo a la reforma de la Caja de Seguro Social, aprobada el 18 de marzo.
El Decreto No. 27, ya fue publicado en la Gaceta Oficial, y ha generado críticas, entre ellas las del profesor y autor en derechos humanos Alonso E. Illueca, quien advirtió que esta medida viola la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana: “El habeas corpus no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia”, publicó en sus redes sociales.
Operativo
Esta decisión se suma al estado de emergencia decretado desde el 27 de mayo, al toque de queda y a la Operación Omega, iniciada el sábado para reabrir las vías bloqueadas.
En medio de estas acciones, se han intensificado los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando un saldo de un muerto, varios heridos y numerosos detenidos. Sin embargo, aún persisten 26 puntos de bloqueo en distintas vías.
Según el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, en conferencia de prensa, 80 personas han sido detenidas durante las protestas, de las cuales 55 están a órdenes del Ministerio Público (MP), y las otras 25 ante los jueces de paz.
La violencia escaló la noche del jueves y madrugada del viernes, con ataques y actos vandálicos contra instituciones públicas y privadas. Entre las más afectadas se encuentran las oficinas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), la Policía Nacional (PN), Acodeco y el estadio Calvin Byron.
Los manifestantes incendiaron instalaciones y saquearon documentos, uniformes, vehículos e incluso una retroexcavadora en su paso. También resultaron dañadas las oficinas de Panamá Chiquita, 10 comercios, una estación de gasolina y el Aeropuerto Capitán Manuel Niño de Changuinola, cuya operación fue suspendida temporalmente.
Los enfrentamientos han dejado al menos tres personas lesionadas. El Gobierno confirmó que se incrementó el número de agentes de seguridad en la zona, pasando de 1,500 a 1,935 efectivos operativos.
Ante el desbordamiento de la crisis, la gobernadora Marcela Madrid decidió suspender la jornada laboral en Changuinola el viernes 20 de junio, en un intento por contener la situación.
Diputados y representantes del sector privado —incluida la Cámara Panameña de la Construcción— han solicitado el cese inmediato de los actos violentos, advirtiendo que estos agravan aún más la crisis social y económica en Bocas del Toro.
