El contrato minero que desató la tormenta en el istmo

Todo inició el 20 de octubre de 2023, cuando el presidente Laurentino Cortizo firmó rápidamente el contrato de ley entre el Estado y Minera Panamá, a pesar de la oposición de muchas personas.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley No. 1100 con 44 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Aunque se presentó como un buen trato para el país, la decisión generó malestar en la población, que estaba en contra desde el principio.

Esta firma desató protestas y un descontento que ha sido difícil de calmar, preocupando a muchos sobre el futuro de los recursos naturales y del país.

Ante esto el 24 de octubre, el presidente Cortizo decidió lanzar su primer mensaje a la nación. Prometió aumentos a los jubilados y fondos para la Caja de Seguro Social. Pero eso no fue suficiente. Su declaración pareció echarle más leña al fuego. Las protestas, lejos de calmarse, tomaron fuerza.

Fueron más de dos meses en lo que al caer la tarde las afueras de la Asamblea Legislativa, la Cinta Costera y la Calle 50 se convertían en centro de manifestaciones que iniciaban de manera pacífica y culminaba en enfrentamientos. Un campo de guerra.

Todo esto frente a la mirada de las autoridades que intentaban convencer a diversos sectores de la ciudadanía de este contrato millonario era conveniente para nuestra economía aún golpeada por la pandemia.

Pero ni los bloqueos, ni la falta de suministros y muchos menos el anunció de Cortizo sobre el rechazo a todas las nuevas solicitudes de minería metálica hicieron retroceder al pueblo que adoptó la frase “Panamá vale más sin minería” como un himno nacional.

El 29 de octubre, Cortizo anunció una consulta popular para el 17 de diciembre. El pueblo decidiría con su voto si se derogaba la Ley 406. Y como era de esperarse, la noticia fue recibida con más protestas. Panamá celebró el “Mes de la Patria” sin batuta, ni tambor.

Fue tanta la negativa que cruzó las fronteras y los panameños en el extranjero se unieron al jolgorio, con pancartas en Canadá, España y Estados Unidos dijeron no a la Minería.

De protesta en protesta continuó el noviembre y no fue hasta unos días antes de su finalización que un 29 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406, que establecía un nuevo contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Por fin la ciudadanía pudo cantar ¡Alcanzamos por fin la victoria !

La decisión, tomada de forma unánime, fue anunciada por la presidenta del Órgano Judicial, María Eugenia López, quien indicó que la ley quedaba “expulsada del sistema normativo”. Este fallo provocó celebraciones entre los gremios sindicales y la sociedad civil, quienes se habían mantenido en vigilia fuera del Palacio de Justicia Gil Ponce. El fallo, que consta de 234 páginas, fue comunicado oficialmente en la Sala de Casación con la presencia de todos los magistrados.

El presidente Laurentino Cortizo expresó que acatará el fallo, señalando que la democracia panameña se sostiene sobre el equilibrio entre los poderes del Estado. Además, indicó que se iniciará un proceso de transición para el cierre ordenado de la mina.