Duro contra los ‘hacker’

A raíz de los recientes casos donde correos electrónicos y computadoras de altas figuras del gobierno han sido intervenidos ilegalmente, ya se evalúa la posibilidad de aumentar las penas por este delito.

Abraham Martínez, diputado del partido Cambio Democrático (CD), presentó ayer un anteproyecto en el que las penas se agravan, cuando la información contenida pone en peligro la seguridad del Estado.

De acuerdo al proyecto, cuando las filtraciones ‘se den sobre información contenida en computadoras pertenecientes a instituciones públicas o correos electrónicos usados en la función pública, la pena será de cuatro a seis años de prisión’. En la actualidad, este delito se castiga con dos a cuatro años de cárcel.

‘Frente a estos graves hechos, encontramos que existen en las normas algunos vacíos que deben ser llenados’, dijo Martínez en su exposición.

Pero en la propuesta, el diputado también quiere que se castigue a las personas que hagan uso de la información clasificada, acto que aún no es tipificado como un delito. El ministro Jimmy Papadimitriu y José Raúl Mulino denunciaron intervenciones ilegales a sus correos y computadoras.