Hay que compensar a las prestatarias del transporte

Llegaba el 2009 y con él un nuevo gobierno con un amplio respaldo popular encabezado por Ricardo Martinell para hacer el cambio y donde se “podría meter la pata, pero las manos no”.

Uno de los primeros retos del Gobierno del “loco” fue la modernización del transporte público en sus dos vertientes: El servicio masivo (tren) y el rescate administrativo que implicaba sacar a los diablos rojos y sustituirlos por los metrobús (Mi Bus).

El segundo proceso, se complicó en el camino, por la metodología y ejecución del proceso de compensación económica para sacar de circulación a los más de 1,800 buses que circulaban por nuestras calles y avenidas.

Las complicaciones fueron de tal magnitud y tuvieron su impacto económico y judicial, porque a 15 años del último pago efectuado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, hoy existe un proceso de más de 760 tomos, alrededor de 400 sindicados e investigados, más de 200 abogados entre defensores particulares, privados y querellantes, audiencias de más de un mes y medio, una afectación económica de más de 100 millones de dólares, al erario público, pendiente de dictar sentencia de fondo de primera instancia, por parte del Juzgado Tercero Liquidador.

Se pagaron legalmente millones de dólares a los transportistas que debían “entregar” el bus, se capacitaron a conductores para operar las nuevas unidades, pero se olvidaron de resarcir a las empresas prestatarias legalmente reconocidas por la ATTT y que en la actualidad están vigentes, pero a punto de desaparecer o en el punto cero de quiebra.

Prestatarias o concesionarias

“Lo primero que hay que aclarar es que en el país solo existe una concesionaria de transporte público y que es MIBUS, mediante el contrato Número 21-10 del 5 de agosto del 2010, firmado entre la ATTT y el Consorcio de Transporte Masivo de Panamá. Todo lo demás que existe, incluyendo las provincias, son empresas prestatarias legalmente reconocidas por la ATTT, con lo que se conoce como resolución de reconocimiento de rutas, zonas o líneas de transporte.

Si bien es cierto, que las prestatarias, no tienen la categoría legal de concesionarias, también es cierto, que las resoluciones de reconocimiento, le dan el carácter de personas jurídicas transportistas con derechos y obligaciones a todas las prestatarias. Este tema, lo desarrolló en la obra “EL A.B.C. de la Ley 34 de 1999, que crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre” de ese mismo año.

Desde el año 1993, el transporte público en el país, es prestado o brindado por transportistas afiliados a estas empresas prestatarias, en las distintas modalidades, lo que significa que el Estado por medio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, les dio vida jurídica a estos entes y les reconoció derechos y obligaciones, aun cuando no son concesionarias”

Rescate administrativo del transporte

“El Estado por medio de la Junta Directiva de la ATTT, aprobó el proceso de rescate administrativo para la prestación del servicio masivo y la salida de los transportistas, mediante la Resolución JD-046 de 4 de diciembre de 2008. Se fijó un monto de $25,000.00 por certificado de operación, pero esta suma variaron entre 50 y 75 mil, respectivamente.

Debemos puntualizar, que la partida original asignada por el Estado fue de $30 millones, pero que de igual forma fue aumentada con el transcurso del tiempo. El fondo a destacar es que en el punto 8 de la Resolución del Rescate Administrativo, se establece que “esta compensación regirá solamente a los vehículos tipo escolar (diablos rojos), que prestan el servicio en rutas troncales o corredores.”.

Lo anterior indica que se dejó por fuera asignar suma de dinero alguna para la compensación a las empresas-prestatarias que fueron afectadas por las compensaciones a los transportistas que salieron del sistema.

De igual forma, afirmamos que con la salida de los transportistas afiliados a las prestatarias, el Estado cortó el tránsito de estas a convertirse en Concesionarias y a la explotación de la actividad económica rentable, causando grandes perjuicios que deben ser resarcidos. Ante ello, recurriremos al nuevo procurador de la Administración para que emita su concepto y proceder posteriormente a la Corte en una demanda de resarcimiento declarativa.