Descentralización sin rastro: un plazo de 60 días

Un total de $320 millones pasaron a través de la denominada “descentralización paralela”, sin que a la fecha se conozca en qué fueron utilizados estos fondos, es por esto que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dado un plazo de 60 días para que los representantes electos y no reelectos, brinden informes de lo contrario enfrentarán la justicia.

“Del 2021 al 2024, $320 millones de los panameños se fumigaron en ese programa”, fustigó Mulino, al tiempo que denunció que la presidencia no mantiene ningún tipo de información sobre rendición de cuentas porque todos los datos “fueron borrados”.

El mandatario enumeró que de los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no se reeligieron.

“Si no hay respuestas, el señor procurador de la Nación, tiene que intervenir con el Ministerio Público, porque no se va a permitir que se juegue más con los dineros públicos”, agregó.

Con el ultimátum lanzado, en redes sociales se activó una iniciativa que busca contabilizar los días para fiscalizar el cumplimiento de la ley.

Luis Pinedo, miembro de la directiva del partido en formación Renovación de Líderes con Valores para el Progreso de Panamá (Relevo), señaló que esperan que lo manifestado por el jefe del Ejecutivo no sea un discurso más.

“Lo más importante es que al término de los 60 días, se proceda con el camino correcto de la justicia panameña”, dijo Pinedo.

El activista político también destacó que el procurador Javier Caraballo debe accionar ante este llamado de atención y si no lo hace “tendrá los ojos de la ciudadanía en sus espaldas”.

La directora nacional de Descentralización, Roxana Méndez, reiteró en un comunicado esta semana haber identificado el mecanismo empleado para la transferencia “sin la debida justificación ni propósito claro de los fondos desembolsados”.

“No existe información detallada sobre el uso de estos recursos, los cuales fueron reportados en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) bajo el rubro de ‘Asistencia Social’”, dijo Méndez.

La descentralización es una iniciativa que arrancó en enero de 2016 con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, que dio más autonomía a la gestión municipal y permite la distribución entre los municipios y las comarcas indígenas de la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales para financiar inversiones y programas de desarrollo social y económico.